El Consejo de Estado, sobre Astilleros San Enrique: «Ha de apreciarse un incumplimiento esencial» de los pliegos del Puerto de Vigo

El Consejo de Estado, con fecha del 11 de diciembre de 2025, acordó por unanimidad que «procede declarar la caducidad de la concesión» portuaria otorgada a Astillero San Enrique, en Vigo. Lo hizo mediante la emisión de un dictamen, el 837/2025, que no había sido incorporado todavía a la base de datos pública. Según indicaron a FARO fuentes de este organismo, su divulgación no sería efectiva hasta que la Autoridad Portuaria de Vigo, como entidad consultante, no le trasladara su «resolución definitiva». Ese trámite entre el Puerto y el Consejo de Estado ya se ha cumplimentado y el informe, preceptivo, ya es público.

Recuerda el documento que, en abril de 2022, el consejo del Puerto otorgó a San Enrique la concesión de los terrenos de la antigua Vulcano con la condición de ejecutar «diversas mejoras en las instalaciones concedidas [...] por un importe de 2.195.961 euros y a incluir en la concesión diversa maquinaria, por un importe de 256.500 euros», conforme al proyecto presentado por la empresa. Además, San Enrique debía alcanzar un «volumen mínimo de actividad» de 10 millones de euros para los años 2022 y 2023, que iría aumentando a futuro.

En abril de 2024 la empresa solicitó una prórroga de un año, que le fue concedida. Pero en abril de 2025 «la entidad concesionaria presentó un escrito en el que señalaba que había realizado un gran esfuerzo inversor y técnico y que se había visto obligada a llevar a cabo algunas alteraciones en las obras previstas a resultas de los cambios de mercado». Aquel escrito fue considerado insuficiente por la dirección del Puerto de Vigo, porque «no justificaba las [obras] llevadas a cabo, ni su montante, sino que simplemente relacionaba unos trabajos sin aclarar» si se habían realizado. El Consejo de Estado expone que, de los 1,2 millones de inversión presentados por San Enrique, más del 43% se correspondía a «gastos generales», no a inmovilizado material.

«Una lectura del pliego —prosigue el dictamen oficial— evidencia que el compromiso asumido fue la ejecución de inversiones en instalaciones y maquinaria, esto es, en inmovilizado material. Y este concepto, tangible y concreto, no puede entenderse verificado mediante la imputación de la partida correspondiente a los gastos generales de estructura de la empresa. Más cuando su montante es a todas luces desmesurado respecto de los ordinarios tomados en consideración por la legislación de contratos y concesiones». Y abunda: «Pretende además la concesionaria sustituir algunas de las obras a que estaba obligada ejecutar por otras contenidas en un proyecto aportado en el presente procedimiento y que no ha sido aprobado previamente por la Administración».

Como conclusión, el organismo que preside Carmen Calvo zanja que «la obligación esencial asumida por la entidad concesionaria fue la ejecución de determinadas obras y la instalación de una concreta maquinaria en un determinado plazo en el espacio e instalaciones otorgadas. Al haber transcurrido este sin llevarse a cabo la referida obligación, ha de apreciarse un incumplimiento esencial del contenido concesional por la concesionaria, constitutivo de causa de caducidad, y por ende que ampara y legitima su declaración».

Previamente a la deliberación del Consejo de Estado, la Abogacía del Estado en Pontevedra también había informado favorablemente sobre la extinción de la concesión, como también consta en el dictamen. Si bien el consejo de administración del Puerto ya acordó la caducidad, también de forma unánime, Praza da Estrela ha acordado permitir al astillero que continúe sus actividades en los terrenos portuarios de Teis en tanto tenga carga de trabajo y mientras continúa el expediente administrativo abierto.

El espacio

Los terrenos públicos asignados a San Enrique tenían menor superficie que los que había utilizado Factorías Vulcano dado que el Puerto recuperó una parte, ubicada en el extremo más próximo a la terminal de Guixar: en total, 18.093 metros cuadrados, a sumar a los más de 36.000 m² de la parte privada.

En la primera nota de prensa emitida por San Enrique, anticipó que «prevé un volumen de negocio por encima de 10 millones al año, que irá incrementando hasta los 14,6 millones hasta el año 2036». Esto es muy importante porque la tasa de actividad, como expone el BOE, «se calculará como el resultado de aplicar el cero coma cuarenta y cinco (0,45) por ciento al volumen de negocio que se genere por todas las actividades desarrolladas dentro de la concesión, que como mínimo será» de 10 millones de euros en 2023.

Como quiera que el astillero tenía que haber facturado 10,3 millones en 2024 —se quedó en los 858.700 euros—, esa ratio equivaldría a un pago de 46.350 euros al Puerto; el 0,45% de 858.000 euros está por debajo de los 4.000 euros. Según explicó a FARO el CEO de Marina Meridional —propietaria del astillero—, Juan Moreno, la empresa cerró 2025 con más de 8 millones en ingresos.

Suscríbete para seguir leyendo