Tribunales
Los acusados de fabricar «narcolanchas» entre Vigo y Portugal afirman que solo construían los «cascos»
Declaran que desconocían qué hacían los «clientes finales» con las embarcaciones
Aseguran que «nunca» les compraron un motor u otros equipamientos
La vista concluye este viernes con los informes finales de las defensas y Fiscalía

Vista de las cuestiones previas del juicio contra los 11 acusados de un presunto entramado dedicado a la fabricación y venta de narcolanchas, celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. / Marta G. Brea
E.V.
La decena de acusados de integrar una estructura dedicada a fabricar, equipar y transportar narcolanchas entre septiembre de 2020 y junio de 2022 entre Vigo y Portugal defendieron en el juicio que se celebra en la Audiencia de Vigo que solo fabricaban cascos, no embarcaciones, apartándose del uso final que de ellas se podía hacer.
Según la Fiscalía, eran embarcaciones semirrígidas de alta velocidad que se empezaban a construir en Vigo, pasaban después por Portugal para completar su montaje y regresaban a España para ser distribuidas hacia distintos puntos de la península. Para el Ministerio Público su objetivo era servir al tráfico de drogas en las costas andaluzas.
Uno de los principales acusados, R.S.V. declaró a preguntas de su abogado que operaba para una empresa de construcción y reformas que en Vigo abrió una nave en Cotogrande para realizar piezas de fibra de vidrio y que fabricaba cascos de embarcaciones para distintos astilleros y clientes, y que «nunca» compraron equipamiento (motores, radares, etc.) para ellas.
Otro acusado, S.R.T., ligado a la misma empresa, indicó que llegó contratado a Vigo para controlar la nave y su operativa, que los cascos que se fabricaban en Cotogrande se mandaban a Portugal para ponerles flotadores, y que él nunca los trasladó. También se desvinculó del uso que «los clientes finales» hicieran de las embarcaciones y ha añadido que tampoco era algo que le «interesara».
La acusación sitúa a estos dos procesados como supuestos líderes del entramado, al atribuirles la financiación de la actividad y el control de naves industriales en Vigo y Portugal, mientras los otros nueve acusados se habrían encargado de la construcción material de las lanchas o la contabilidad.
La Fiscalía reclama penas de entre dos y nueve años de prisión y multas que, en conjunto, suman 94,8 millones de euros
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