El presunto agresor sexual de un adolescente en Vialia afronta 5 años de prisión

Cinco años de cárcel y una década de alejamiento tanto con respecto a la víctima como con respecto al lugar donde supuestamente cometió los hechos que lo llevarán a juicio: el centro comercial Vialia. Esta es la petición que la Fiscalía realiza para Francisco Javier Campos Triñanes, el hombre que supuestamente atacó sexualmente a un adolescente en los baños de ese céntrico complejo que es punto de encuentro habitual de numerosos grupos de chavales. En prisión preventiva desde que hace un año ocurrió todo, la acusación pública atribuye al acusado la presunta comisión de un delito de agresión sexual con intimidación, el que se recoge en el artículo 178 del Código Penal. El centro penitenciario no le es un medio extraño a este hombre que en la actualidad ronda los 60 años de edad, porque tiene un grave antecedente en su historial delictivo: una antigua condena por la violación y el crimen de un bebé en un piso de la calle Torrecedeira en 1999.

Los hechos que irán ahora a juicio ocurrieron la tarde del 26 de junio de 2025 en Vialia. Aprovechando que un menor de 17 años había acabado de entrar en los baños del centro comercial, en una de las dependencias destinadas a los retretes, el acusado supuestamente se introdujo tras él, bloqueando la salida: cerró con pestillo y se puso delante de la puerta.

Pese a que el chico le recriminó que invadiese su espacio y le advirtió que era menor de edad, el acusado presuntamente lo atacó sexualmente, sostiene la acusación. Durante la instrucción judicial se puso de manifiesto la situación de ansiedad y temor padecida por el adolescente, que sufrió un cuadro de estrés agudo por lo sucedido.

6.000 euros de indemnización

Junto a las penas de prisión y alejamiento, que se fijan a una distancia de 1.000 metros con respecto a la víctima y en relación con el centro comercial, el fiscal solicita otras medidas habituales en los delitos sexuales: inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento también por tiempo de diez años, así como para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto con menores de edad. En concepto de responsabilidad civil, pide que se indemnice al menor en 6.000 euros.

El juez instructor que impulsó el caso de cara a juicio vio suficientes indicios contra el encausado: junto a la declaración del menor y la prueba documental y forense, el contacto sexual se acreditó además gracias al ADN. El investigado guardó silencio en su comparecencia judicial, si bien la defensa negó el delito en alguno de los escritos presentados durante la investigación judicial.

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