HORARIOS
El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
Denuncian irregularidades en la apertura de algunos establecimientos, piden multas y una mayor vigilancia a las administraciones competentes

Uno de los supermercados de Teis que abre los domingos. / Marta G. Brea
A principios de este mes de junio FARO publicaba que Vigo estaba viviendo una auténtica revolución en las formas de ir a hacer la compra. Concretamente, por la apertura de varios establecimientos los domingos. Franquicias de grandes cadenas de Dia y Carrefour decidieron dar ese paso al entender que había una gran demanda por parte de sus clientes. Este cambio, sin embargo, no ha gustado en absoluto al pequeño comercio.
Concretamente, se remiten a la ley de horarios comerciales de Galicia, que especifica que tendrán libertad horaria los establecimientos comerciales que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público de hasta 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa, según la legislación vigente. Es decir, los supermercados que estén bajo el amparo de grandes cadenas, precisamente como las mencionadas, no podrían por tanto abrir domingos y festivos aunque su superficie sea inferior a 300 metros cuadrados. «Estamos hablando sin duda de competencia desleal y por tanto entendemos que deberían ser sancionados», asegura el presidente de la federación de comercio de la Provincia de Pontevedra, Iván Iglesias.
Es más, en los últimos tiempos se han remitido escritos a las diferentes administraciones para alertar de esta situación. Además de las posibles irregularidades en materia de horarios, las denuncias ponen el foco en la actuación de los organismos encargados de la vigilancia y control. Según la información trasladada, se habrían producido avisos previos y comunicaciones durante jornadas festivas en las que varios establecimientos permanecieron abiertos, sin que ello derivase en actuaciones efectivas que permitieran verificar los hechos o documentar posibles incumplimientos.
Hay que recordar que la Ley de horarios comerciales de Galicia considera infracción grave la apertura de establecimientos en días no autorizados, con sanciones que oscilan entre los 1.501 y los 50.000 euros. En casos de reincidencia, las infracciones pueden llegar a calificarse como muy graves y superar los 50.000 euros de multa.
La controversia plantea también interrogantes sobre el impacto de estas aperturas en la competencia comercial. Asociaciones y sectores afectados vienen reclamando desde hace años un mayor control sobre aquellos establecimientos que operan en festivos, al considerar que generan una situación de desventaja para el pequeño comercio que sí cumple las limitaciones horarias establecidas por la normativa autonómica.
«No somos partidarios de abrir los domingos y festivos. En el pequeño comercio tendríamos que contratar a más empleados y supondría un enorme gasto. Pero además entendemos que con seis días a la semana es más que suficiente para hacer la compra. ¿En serio necesitan también los domingos y festivos?», se pregunta Iván Iglesias.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los supermercados que son franquicias de grandes marcas, la decisión sobre los horarios de apertura es de los responsables de la tienda y en ningún caso es una directriz que venga determinada por el grupo empresarial al que pertenece.
La mencionada ley establece, como regla general, la obligación de cierre los días 1 de enero, 1 de mayo, 17 de mayo, 25 de julio y 25 de diciembre de los establecimientos comerciales, salvo aquellos que se dediquen a la venta de productos de pastelería, repostería, churrería, pan, platos combinados, prensa, flores y plantas y las llamadas tiendas de conveniencia, que también están en el foco del debate. Concretamente, tanto en las aperturas registradas durante esos festivos como en la posible utilización de licencias de tienda de conveniencia por parte de locales que, según las denuncias trasladadas a las administraciones, funcionarían en la práctica como supermercados convencionales.
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