El astillero San Enrique esquiva su desahucio inmediato de Teis: el Puerto de Vigo suspende la ejecución de caducidad de la concesión

La desaparecida Factorías Vulcano apenas pudo saborear su cumpleaños más especial: se entregó a un concurso de acreedores liquidativo en julio de 2019, justo 100 años después de los primeros pasos de Enrique Lorenzo como empresario metalúrgico y nada más entregar las llaves del ferri Villa de Teror. El astillero estaba acostumbrado a coquetear con la quiebra y, de hecho, había suspendido pagos en marzo del 2000 y en enero de 2011, además de haber causado el colapso —así lo dictó el Supremo en sentencia firme— de su filial Factorías Juliana. Ya no hubo tercer round.

El Puerto de Vigo recuperó la concesión y el juzgado, por otra parte, autorizó la venta de los terrenos privados de Vulcano a Marina Meridional, el holding de José Alberto Barreras, que se haría con la salida al mar para dar forma a un proyecto que no arrancó en los plazos prometidos. No obstante, y como su predecesor, este astillero —San Enrique— también ha encontrado abierta una ventana de la nueva oportunidad. Porque, aunque el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó en enero el rescate de la concesión, con informes favorables del Consejo de Estado y Abogacía del Estado, la compañía no tendrá que abandonar los terrenos portuarios. Al menos, de momento.

El consejo ratificó este viernes, en su reunión mensual, que San Enrique no cumplió con los pliegos fijados cuando se le concedió la concesión, pero también acordó suspender la ejecución de la extinción. Esto es, el astillero podrá seguir operando en sus instalaciones de Teis, también en las de propiedad portuaria, mientras disponga de plazo para formular un contencioso-administrativo, como han confirmado fuentes consultadas por FARO conocedoras de las deliberaciones. Estas mismas fuentes han precisado que «se podrían plantear, en un futuro, autorizaciones [de disfrute de la concesión] en base a la carga de trabajo» que acredite la empresa que dirige Juan Moreno.

Procedimiento

Lo que evaluaron los miembros del consejo de administración, como avanzó este periódico, fue la resolución del recurso potestativo de reposición presentado por San Enrique, que es la vía administrativa previa por la que una sociedad puede pedir a la misma Administración que rectifique su decisión antes de acudir, en su caso, a los tribunales. El Puerto no ha dado marcha atrás, no ha corregido su decisión del pasado mes de enero, pero a efectos prácticos ha aflojado el torniquete sobre la sociedad. El astillero, como admitió el propio Moreno en una entrevista con FARO, admitió que no habían alcanzado los volúmenes comprometidos, pero han tachado de «totalmente desproporcionada» la decisión del Puerto de iniciar un expediente de caducidad de la concesión.

La compañía insiste en la plena ocupación de gradas y muelles con sus medios operativos en funcionamiento de manera simultánea. Según la empresa, más de doscientos trabajadores desarrollan las distintas fases de construcción, reparación y mantenimiento en los proyectos en curso en las instalaciones de Espiñeiro.

Cuando a San Enrique se le entregó la concesión portuaria, de algo más de 18.000 metros cuadrados con lámina de agua, comprometió una inversión de 2,45 millones de euros, a completar como límite hasta abril de 2024; el Puerto validaría un año de prórroga, que expiró en mayo del año pasado. En cuanto a la facturación, y como se divulgó públicamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el astillero debía rebasar los 10 millones de euros, importe que iría medrando hasta los casi 14,7 millones a cierre de 2033. En este aspecto la compañía sí quedó muy lejos: registró unas ventas de 1,83 millones de euros en 2022 y de otros 657.500 en 2023; en ambos anotó números rojos. Las cuentas de 2024 reflejan ingresos por 860.000 euros, con pérdidas por 1,78 millones. Juan Moreno aseguró que la firma había cerrado 2025 con más de 8 millones en ventas.

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