Asociaciones y sindicatos de Vigo exigen a la Xunta vivienda pública asequible y denuncia la falta de alternativas habitacionales para colectivos vulnerables

Miembros de Alianza pola Vivenda, integrada por 15 asociaciones y sindicatos de Vigo, se concentraron este viernes ante la sede de la Xunta para denunciar la falta de alternativa habitacional para colectivos vulnerables y reivindicar un parque de vivienda público estable y asumible que dé respuesta a los más de 10.000 demandantes en la ciudad.

Con unos precios de alquiler en máximos históricos que superan de media los 700 euros según datos oficiales y con previsiones de que seguirán subiendo entre un 10 y un 12% este año, «as medidas adoptadas polas administracións resultan insuficientes, xa que non confrontan a base do conflito: a especulación», declaró Juan Medela, del Sindicato de Inquilinas de Vigo. Por ello, reclama al Concello que demande a la Xunta que «declare Vigo como zona tensionada para aplicar o control do prezo do alugueiro previsto na Lei de Vivenda». En A Coruña y otros lugares donde se aplica, defiende, esta medida frenó la subida de precios.

En este sentido, la Alianza lamenta la respuesta de la teniente de Alcaldía Carmela Silva a la carta remitida este lunes. Según el colectivo, descarta reunirse con ellos porque «son asociaciones vinculadas al BNG» y les recomienda pedir el encuentro a la Xunta «que es quien tiene las competencias».

La Alianza le respondió aclarando que no tienen relación con el BNG, lamentando su «descoñecemento» del tejido asociativo local e insistiendo en ser recibidos porque el Concello «pode tomar medidas como pedir á Xunta a aplicación do control de prezos do alugueiro, actuar en materia de vivenda social, control das VUT, desafiuzamentos ou residencias de estudantes».

Además de los altos precios y de las condiciones abusivas para acceder al alquiler (seguros de impago, avales, nóminas elevadas, etcétera), critican que la previsión de las administraciones en la construcción de vivienda pública «non cubrirá nin a cuarta parte dos actuais demandantes», destacó Isabel Flores, portavoz de Amnistía Internacional, que reclamou «aumentar ata as 16.000 vivendas, en vez das 10.000 previstas» en 2030 en el II Pacto de Vivenda de Galicia aprobadoen enero por la Xunta.

En cuanto a la nueva ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico (VUT) aprobada esta semana por el pleno «non vai solucionar a crecente conversión de vivendas en aloxamentos turísticos», lamentó Xaquín Pastoriza, de Ecoloxistas en Acción, que reclamou «unha moratoria indefinida» de licencias y el cierre de las VUT ilegales.

Outro de los motivos de la protesta es la carencia de plazas en residencias pública, asi como «as longas esperas que limitan o acceso á educación de miles de estudantes de clase traballadora», señaló Sara Castro, del Sindicato Estudantil Fervenza.

La Alianza pola Vivenda pone la atención también en la situación de desamparo que actualmente viven las personas sin hogar «con só 38 prazas no albergue municipal e condicións que non permiten a estas persoas saír da situación de precariedade na que viven», criticó Carla Leiras, del Foro Socioeducativo As Ninguéns. También reclamó «un plan fronte para non deixar a ninguén vulnerable na rúa fronte ao tsunami de 70.000 desafiuzamentos que se reactivaron en toda España ao caer o escudo social que establecía unha moratoria de desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade».

Desde la Plataforma Galega Vivenda Xa denuncian la inacción de la Xunta, que hace un año rechazó todas las demandas propuestas por este colectivo «dresaltando os datos das novas construcións que a día de hoxe, non son reais».

El próximo acto programado de la Alianza será una manifestación bajo el lema «A vivenda cústanos a vida» el próximo 5 de junio a las 20 horas con salida desde la Praza dos Cabalos.

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