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Turismo

El pleno de Vigo aprueba la tasa turística, que se comenzará a aplicar a partir de octubre

Los cruceristas no tendrán que pagarla hasta julio de 2027

Luz verde inicial a las ZBE a la espera de alegaciones

Cruceristas en Vigo durante una doble escala este mes de abril.

Cruceristas en Vigo durante una doble escala este mes de abril. / Pedro Mina

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El Concello de Vigo dio este lunes luz verde definitiva a una de las medidas más ambiciosas de los últimos años: la implantación de la tasa turística. El pleno sacó adelante la norma con los votos a favor de los concejales del gobierno local (PSOE) y el rechazo de PP y BNG.

Entrará en vigor previsiblemente en octubre y gravará las pernoctaciones en función de la categoría del alojamiento. Los hoteles de cinco estrellas y los cuatro estrellas superior deberán aplicar un recargo de dos euros por noche; los hoteles de cuatro y tres estrellas cobrarán 1,60 euros; mientras que el resto de establecimientos hoteleros y pensiones aplicarán una tasa de 1,20 euros. Las viviendas de uso turístico tendrán también un recargo de 1,60 euros por noche.

En el caso de albergues, campings, establecimientos de turismo rural y apartamentos turísticos, la cuantía será de 0,80 euros por estancia y día. El Concello también fija una tasa de 1,20 euros para las escalas de cruceros turísticos, aunque este cobro no se aplicará hasta julio de 2027.

La ordenanza incluye además una moratoria parcial para las estancias largas. Hasta el 1 de julio de 2027, la tercera, cuarta y quinta pernocta quedarán libres del recargo mediante un sistema de «recargo cero». A partir de esa fecha, el máximo de noches sujetas a pago será de cinco por estancia.

El gobierno local también ha incorporado varios supuestos de exención. No pagarán la tasa los menores de edad, las personas con discapacidad igual o superior al 65 %, los usuarios de programas sociales subvencionados por administraciones públicas o quienes se alojen en albergues públicos del Xacobeo y juveniles. Tampoco se aplicará en desplazamientos por motivos sanitarios, competiciones deportivas federadas o situaciones de emergencia social.

El concejal de Orzamentos y Facenda, Jaime Aneiros, aseguró ayer durante el pleno que Vigo cuenta con una tributación moderada en la tasa turçistica en comparación con las ciudades en las que ya se aplica. Así, explicó que la tarifa es un 20% menor que en A Coruña y Santiago y también más barata que en Barcelona, Bilbao, Lisboa y Oporto. "Nos coloca como la ciudad más económica y con menor impuesto sobre las estancias turísticas no solo de la fachada atlántica de la península, sino también del norte de España", recalcó

La aprobación definitiva de la ordenanza turística coincidió con el visto bueno a la regulación de las futuras Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Vigo delimitará cuatro áreas restringidas: el Centro, Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Esta ordenanza, no obstante, se ha aprobado de forma inicial y ahora se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, tras lo cual se abrirá un período de alegaciones.

La normativa impedirá progresivamente la circulación de los vehículos más contaminantes, aunque establece numerosas excepciones. Podrán acceder los coches de residentes y empadronados en esas zonas, vehículos de empresas y autónomos que desarrollen allí su actividad, así como servicios públicos, taxis, autobuses, transporte de mercancías y usuarios con plaza de garaje.

Las motocicletas y ciclomotores podrán circular entre las 07.00 y las 22.00 horas, mientras que los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, también estarán autorizados.

La implantación será escalonada. En una primera fase quedarán excluidos los vehículos sin distintivo ambiental; posteriormente se prohibirá el acceso a los de etiqueta B y, finalmente, también a los vehículos con distintivo C.

El gobierno municipal defendió durante la sesión plenaria que la aplicación de las ZBE tendrá inicialmente un carácter informativo y pedagógico, sin sanciones inmediatas. Sin embargo, PP y BNG acusaron al ejecutivo local de «engañar» a la ciudadanía al recordar que la propia ordenanza contempla multas de 200 euros para quienes incumplan las restricciones de acceso.

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