El PP lleva al Parlamento gallego la petición de cese de Abel Losada por su gestión de la seguridad en Vigo

El Partido Popular ha elevado al Parlamento de Galicia una ofensiva política contra el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, al reclamar su cese inmediato y la reprobación formal de su actuación por la gestión de la seguridad ciudadana y por su respuesta ante el problema de la ocupación ilegal de viviendas, con especial atención a la ciudad de Vigo. La iniciativa, registrada por el Grupo Popular como proposición no de ley para debate en pleno, sitúa el foco especialmente en la situación del barrio de Cabral.

En el texto presentado en la Cámara, los populares sostienen que en los últimos tiempos se han venido produciendo en la provincia de Pontevedra —y de forma singular en Vigo— situaciones que generan una creciente preocupación social vinculada a la ocupación ilegal de inmuebles. Según recoge la exposición de motivos, esos hechos no solo afectan a los propietarios de las viviendas, sino que también dañan la percepción de seguridad y la calidad de vida de la vecindad.

El documento subraya como caso especialmente significativo el de Cabral, donde, de acuerdo con «diversas denuncias veciñais», la ocupación ilegal de una vivienda estaría asociada a actividades presuntamente ilícitas como la venta de sustancias estupefacientes y la conexión irregular a la red eléctrica. Para el PP, la gravedad de esa situación exige «unha resposta inmediata e contundente» por parte de las autoridades competentes.

A partir de ahí, la iniciativa concluye que existe una respuesta institucional insuficiente y cuestiona directamente el papel desempeñado por la Subdelegación del Gobierno. Los populares aprecian «unha insuficiente eficacia na actuación institucional» y añaden que determinadas manifestaciones públicas atribuidas a Losada evidenciarían «unha utilización impropia do cargo», alejada de los principios de neutralidad, objetividad y servicio al interés general.

Sobre esa base, el Grupo Popular plantea dos pasos concretos. El primero, instar a la Xunta a dirigirse al Gobierno de España para trasladarle tres exigencias: adoptar medidas eficaces contra la ocupación ilegal de viviendas y reforzar la seguridad ciudadana en la provincia; cesar de inmediato al actual subdelegado del Gobierno en Pontevedra; y garantizar que los cargos institucionales actúen con plena neutralidad política, sin utilizar sus funciones para la confrontación partidista. El segundo, reprobar expresamente la actuación de Abel Losada por su «falta de dilixencia en materia de seguridade cidadá» y por su «inacción ante o problema da ocupación ilegal de vivendas, especialmente no barrio de Cabral, en Vigo».

La iniciativa parlamentaria, firmada por un amplio grupo de diputados del PPdeG, convierte así el caso de Cabral en el eje de una petición política de máximos contra el representante del Gobierno central en la provincia. El debate, si llega a pleno, servirá para medir hasta qué punto el Parlamento gallego respalda la exigencia de destitución formulada por los populares.

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