Judicial
Las acusaciones piden cuatro años y medio de cárcel para Patricia Rodríguez por el caso del «Saltamontes»
Los escritos elevan al banquillo a la concejala de Seguridad y al dueño de la atracción por el accidente mortal de agosto de 2024 y sitúan al Concello como responsable civil subsidiario

La concejala de Seguridad y Fiestas del Concello de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño (i), acude como investigada al juicio por el accidente del «saltamontes». / Pablo Hernández Gamarra
El caso del accidente mortal del «Saltamontes», ocurrido en las fiestas de Matamá en agosto de 2024, ha dado un nuevo salto judicial con la petición de penas de prisión para la concejala de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal de Vigo, Patricia Rodríguez, y para el propietario de la atracción. Las acusaciones particulares solicitan para ambos cuatro años y medio de cárcel por unos hechos que califican como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave.
El escrito presentado por el abogado Francisco Méndez, que representa a la pareja del fallecido, sostiene que el Ayuntamiento de Vigo había desautorizado expresamente el funcionamiento de la atracción por falta de documentación técnica aportada por su titular, pero que, pese a ello, el área municipal de Seguridad no llegó a precintarla. En esa misma línea se sitúa la acusación formulada por los padres de la víctima, representados por el abogado Carlos Pérez.
Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando un brazo hidráulico del «Saltamontes» se desprendió, supuestamente por un fallo en el apriete de los tornillos de sujeción. El accidente provocó la muerte instantánea de Iván Castaño y causó además lesiones y secuelas físicas y psicológicas a su pareja, que se encontraba con él en ese momento.
Al igual que el juez instructor, las acusaciones particulares dirigen la responsabilidad penal hacia el titular y explotador de la atracción, identificado como G.M.M.D.S., y hacia la concejala Patricia Rodríguez, a la que atribuyen haber omitido de forma negligente las medidas de control y precinto que, a su juicio, estaba obligada a adoptar.
Para cada uno de los dos acusados se piden cuatro años de prisión por el delito de homicidio imprudente, con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para tareas de gestión o inspección de espectáculos durante seis años, además de otros seis meses de cárcel por el delito de lesiones. Las acusaciones interesan también el decomiso de la atracción.
Indemnizaciones desde el ámbito civil
En el ámbito civil, el abogado de la pareja del joven fallecido reclama para ella una indemnización total de 155.270 euros, que desglosa en días de perjuicio, secuelas físicas, un síndrome de estrés postraumático moderado derivado del accidente y el impacto agravado por haber sostenido en brazos a su compañero mientras esperaba asistencia.
Por su parte, la representación legal de los padres de Iván Castaño solicita que ambos acusados les indemnicen conjunta y solidariamente con 150.000 euros a cada uno, cantidad que incluye 120.000 euros por el fallecimiento y un incremento del 25% por el sufrimiento excepcional derivado del carácter violento del siniestro. También reclaman que se abonen los gastos médicos y psicológicos ocasionados.
Los escritos de acusación fijan además la responsabilidad civil conjunta y solidaria de los dos procesados e incorporan al Ayuntamiento de Vigo como responsable civil subsidiario, además de señalar como responsables civiles directos a la aseguradora de la atracción y a la compañía de seguros del propio Concello.
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