Más de 20 vigueses a la semana necesitaron de la Ley de Segunda Oportunidad ahogados por las deudas

Caer en el endeudamiento sin mala fe. Y esto último resulta clave para que los tribunales otorguen una segunda oportunidad a todas aquellas personas, familias, empresarios o no, que suman importantes impagos y no constan de medios para solventarlos. Hablamos tanto de pequeñas como de grandes cuantías pero lo que es realmente considerable es el gran número de personas que solicita esta medida.

Desde principios de año y hasta el pasado 14 de mayo, en el Juzgado de lo Mercantil número 3, con sede en Vigo, han recibido 267 peticiones de concurso de acreedores de personas físicas, procedimiento también conocido como Ley de Segunda Oportunidad, para exonerar sus deudas contraídas siempre en el buen ejercicio de sus funciones, como empresario o como ciudadano.

Y es que muy recientemente, el Tribunal Supremo ha endurecido las condiciones que garantizan la existencia de esta buena fe y por las que el endeudamiento no se ha debido a un despilfarro o negligencia de la persona solicitante. Hasta ahora, si el deudor no incurría en ninguna causa legal de exclusión —haber cometido delitos contra el patrimonio, Hacienda, Seguridad Social, falsedad documental, la calificación de culpable del concurso o la ocultación de bienes proceso— se entendía que actuaba de buena fe y podía acceder a la exoneración en un plazo mayor o menor de tiempo. Ahora, en una reciente jurisprudencia, para los magistrados del Alto Tribunal la buena fe exige además un carácter probatorio: el deudor debe acreditar, probar, que actuó bien. Esto significa que el expediente de segunda oportunidad debe reconstruir la historia del endeudamiento y la razonabilidad de la conducta frente a los acreedores, que estos deben aceptar. Sin ello, los juzgados podrían desestimarlo.

Reparto trimestral

En el caso de Vigo, hay que tener en cuenta que estas casi 300 peticiones de concurso de acreedores para exoneración de deuda se han contabilizado solo en los tres primeros meses del año, es decir, entre enero y marzo. Esta medida se tomó por la avalancha de procedimientos en toda la provincia, de modo que desde junio de 2024 se reparte los asuntos trimestralmente: los tres primeros meses, a Vigo; los tres siguientes al Mercantil nº1 de Pontevedra, los tres siguientes al nº2 de Pontevedra y vuelta al de Vigo. Y es que desde que en 2015 entró en vigor la segunda oportunidad, más de 1.300 particulares pidieron el concurso de acreedores en Vigo.

Hasta entonces, solo se contemplaban los concursos de acreedores de empresas. En este año, han sido 14 las peticiones presentadas, menos del 5% del total de los procedimientos concursales en Vigo.

Lejos de ser un procedimiento estancado lo cierto es que las cifras, en sus más de diez años de vigencia, no han hecho más que aumentar. En 2024, por ejemplo, a finales de año se contabilizaron un total de 400 peticiones de vigueses o familias para exonerar sus deudas, cifra que a estas altura de año 2026 ya rebasa la mitad.

Casos

Uno de estos casos fue el de una vecina de Vigo que logró la cancelación judicial de una deuda de casi 20.000 euros, tras un proceso de divorcio y una baja laboral debida a un accidente, según ha informado la firma de abogados Repara tu deuda, que llevó su caso.

Según relataron, el estado de insolvencia de esta mujer se originó tras un divorcio, cuando tuvo que alquilar una vivienda y necesitó solicitar un préstamo para hacer frente al pago de la fianza y la renta del mes. Además, tuvo que solicitar otro préstamo para adquirir el ajuar de la vivienda y los enseres domésticos.

De nuevo, volvió a endeudarse para la escolarización de su hija, compra de materiales, transportes, alimentación y suministros; y tuvo que buscar de nuevo financiación porque no podía hacer frente a todos los gastos. Más adelante, tras haberse casado de nuevo, sufrió un accidente con lesiones graves en la columna, y estuvo de baja; a lo que se sumó la pérdida de empleo de su marido. De este modo, los únicos ingresos de los que disponía la unidad familiar eran los que ella percibía estando de baja y tuvo que solicitar créditos rápidos para tener liquidez.

La mujer logró que se le aplicara la ley de segunda oportunidad y se canceló su deuda, que ascendía a 19.811 euros, tal y como se recoge en la resolución del Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra, del pasado mes de noviembre, de manera que «puede empezar una nueva vida financiera desde cero», solicitar financiación si así lo desea y salir de los listados de morosidad.

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