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Investigación

Personal del IEO ya denunció en 2015 la fuga de gases cancerígenos en Cabo Estai: «Tenía la nariz en carne viva»

La investigadora que se ha querellado contra la dirección del centro y la propia institución ratifica en el juzgado el contenido de su demanda por supuestos delitos de riesgos laborales y lesiones: los imputados declararán el 23 de julio

Comparecerán testigos en junio; «Está todo igual o peor»

Parte de las instalaciones donde se realizan cultivos, con cableado colgando sobre los tanques

Parte de las instalaciones donde se realizan cultivos, con cableado colgando sobre los tanques / Cedidas

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Lara Graña

Lara Graña

Vigo

El 16 de marzo de 2023 el entonces director del Centro Oceanográfico de Vigo (COV), Pablo Carrera, envió un correo electrónico a todo el personal con el siguiente asunto: «Resultados de mediciones sistema de canalización de gases desde vitrinas y recomendaciones». Una empresa especializada había realizado pruebas, utilizando acetona como producto marcador, para verificar si había fugas de gases, potencialmente cancerígenos, derivadas del uso de productos químicos en laboratorios o despachos. Sí las había, por lo que, como desveló entonces FARO, la dirección ordenó la suspensión de actividades en algunos de los laboratorios.

Para ese momento una bióloga del centro había notificado «reiteradas notificaciones fehacientes» sobre la fuga de gases en los despachos, unas alertas que derivarían en una querella judicial por la que han sido imputados (investigados) la actual directora del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Rosa Figueroa, y dos antiguos responsables del complejo de Cabo Estai, Victoria Besada y Pablo Carrera, por un supuesto delito continuado en materia de prevención de riesgos laborales en concurso con un delito de lesiones. Pero es que, como advirtió este miércoles la querellante a la magistrada de la plaza nº 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, las primeras denuncias de trabajadores sobre el mal estado de laboratorios y fuga de gases datan ya del año 2015.

La trabajadora compareció en el juzgado durante «unas tres horas», por lo que las declaraciones de testigos han tenido que reubicarse para otra jornada, la del 23 de junio. Los imputados —el propio IEO tiene la consideración de investigado— harán lo propio el 23 de julio. Los hechos denunciados se produjeron entre los años 2019 y 2024, fecha en que presentó la querella y tras la que, según abundó ante la jueza, fue «expulsada» de su departamento y trasladada a tareas administrativas. «Las vitrinas no extraían bien, estamos hablando de productos químicos cancerígenos. Me empezaron a salir heridas en la nariz, tenía la mucosa en carne viva», recuerda, en declaraciones a FARO. En el parte de lesiones aportado a la causa se recogen «lesiones intranasales» compatibles con «efectos agudos de la exposición por inhalación de formaldehido».

Vista exterior de las instalaciones del IEO de Vigo

Vista exterior de las instalaciones del IEO de Vigo / Marta G. Brea

Como abunda la querella, la dirección del COV no adoptó medidas para corregir esta situación, que afectaba a buena parte de la plantilla del complejo. Tras nuevas mediciones en 2023, se volvieron a detectar entonces niveles de 0.70 mg/m3 de formaldehido cuando una concentración superior a 0.5 mg/m3 se considera «alta» y «no saludable». Según abunda la bióloga, se hicieron «pequeños apaños» que no acabaron con las fugas. «Nos dijeron que esperáramos, que nos íbamos a ir de allí porque iban a empezar las obras, pero a día de hoy no sabemos nada». Fue en marzo de 2025 cuando el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo aprobó una concesión a 20 años para el IEO en Beiramar, donde tampoco se han consumado cambios, para albergar a los profesionales durante la actuación en el inmueble principal.

Desde octubre de 2022 es obligatorio el uso de casco para acceder a la nave de cultivos, tipificada por un informe técnico como peligrosa. «El estado estructural de la nave del edificio de cultivos se clasifica como potencialmente peligroso y se certifica una Situación Insegura», reza el análisis, que también desveló este periódico. «Se aconseja encarecidamente [...] la restricción a mínimos del uso laboral, enfocado exclusivamente al cese de actividad». El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que está adscrito el IEO, ha licitado ya la construcción de un inmueble modular temporal para albergar los trabajos de cultivos durante la demolición de la nave, que tiene licencia desde octubre del año pasado.

«Yo he luchado para poder hacer mi trabajo pero en condiciones de seguridad. El problema sigue ahí, todos los días la gente tiene que poner casco para entrar en la nave de cultivos. La solución no era moverme de departamento», zanja la trabajadora. FARO consultó ayer al COV por el diagnóstico de esta bióloga, sin respuesta a cierre de esta edición.

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