Los tripulantes del «Karar» regresan por fin a Nepal tras seis años en España
Los marineros pasaron cuatro años en prisión provisional y otros dos años en una obligada y complicada libertad al carecer de medios económicos
Los nepalíes recibieron autorización judicial para volar a su país en cumplimiento de la expulsión decretada en sentencia, mientras que el capitán y otros de Bangladesh se fugaron hace meses
Los tripulantes del «Karar», en primer plano, en una de las sesiones del juicio celebrado en Vigo. / Marta G. Brea / Marta G. Brea
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Uno de los capítulos más singulares del macroproceso del «MV Karar» ha llegado a su fin. Se trata del protagonizado por los 14 tripulantes de Bangladesh y Nepal del buque que transportaba las 3,8 toneladas de cocaína incautadas en el Océano Atlántico en abril de 2020. Tras cumplir el máximo de 4 años de prisión provisional que establece la ley, todos fueron excarcelados en el arranque del juicio y obligados a permanecer en España para asistir a la eterna vista y a la espera de que la posterior sentencia adquiriese firmeza. Algo que se tradujo en dos años de complicada libertad por la falta de medios económicos para subsistir, de apoyo familiar en España y dado el desconocimiento del idioma. Pero esto ya es historia. Los bangladesíes ya se habían dado a la fuga hace meses, pero los nepalíes estaban a la espera de que se ejecutase su expulsión. Algo que ya se ha producido. Todos se encuentran en su país, en sus casas, desde finales de abril.
La sentencia por el alijo aprehendido hace seis años aún no escribió su último capítulo. El fiscal y buena parte de los condenados han recurrido el fallo, emitido en enero de este 2026, casi un año después de quedar visto para sentencia el largo juicio que arrancó en abril de 2024 y concluyó en febrero de 2025.
A la espera de lo que determine el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a quien compete resolver las apelaciones, en el caso de los tripulantes no hubo recursos: todos confesaron su autoría en la vista y, aplicando una atenuante de confesión tardía, las magistradas les impusieron 6 años y un día de cárcel, que, por su condición de extranjeros y dado que todos ya habían cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva, se les sustituyó por su expulsión del territorio nacional, no pudiendo regresar a España en 5 años desde su materialización.
Una resolución judicial firme
Pues bien, tras conocerse en enero la sentencia y, como ya se había solicitado en varias ocasiones desde la excarcelación de abril de 2024, Alfredo Rodríguez, el abogado de los 9 tripulantes de Nepal que seguían en Vigo, pidió que se declarase firme cuanto antes de cara a que sus clientes pudiesen volver a su país. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra decretó esta firmeza avanzado febrero, allanando dicho regreso, si bien la expulsión no fue inmediata por la necesidad de completar los trámites administrativos.
Esta expulsión se ha producido recientemente, en abril. También en este trámite esta causa se ha salido de lo habitual. Generalmente, cuando en sentencia judicial se decreta que un ciudadano extranjero debe salir de España, es el Estado el que asume el coste del billete de avión y los gastos de deportación, encargándose asimismo de la gestión del vuelo y de que haya custodia policial desde que dicho condenado sale de España y hasta que esté en su país.
Pero en este caso, la falta de convenio y de cauces diplomáticos con Nepal dio lugar a que fueron los marineros los que tuvieron que buscarse los vuelos y pagarlos. «Los billetes los costearon de su propio bolsillo, no se hizo cargo el Estado español. De hecho, ni consiguieron el mismo precio ni los mismos vuelos. Desde el principio y hasta esta fase final ha habido una absoluta dejadez con ellos», lamenta su letrado.
Ya en vigor la prohibición de volver a España
Lo cierto es que la Sección Quinta ha tenido constancia oficial de que todos llegaron a Nepal y emitió una resolución en virtud de la cual ya entró en vigor la prohibición de no regresar a España en los próximos cinco años, pudiendo llevar en su país una vida normal ya que la pena privativa de libertad que les restaba, a mayores de los cuatro años que estuvieron encarcelados, fue sustituida por esta expulsión.
La situación de estos tripulantes fue excepcional y se agravó por los dilatados tiempos de esta macrocausa. Sus abogados, el de los de Nepal y el que llevó a los de Bangladesh, pusieron de manifiesto a lo largo del juicio el complejo escenario de sus clientes, sin medios económicos ni vivienda estable.
Fueron acogidos en albergues y en viviendas por la ayuda que se les brindó de forma particular, contando con el respaldo de un sacerdote y con el apoyo de sus letrados, que se implicaron con ellos y cuya labor fue más allá de la de darles asistencia legal. Pidieron al Gobierno un permiso de residencia temporal para que pudiesen acceder a servicios básicos y trabajar durante su estancia en Vigo, denunciando que estaban en un «limbo legal» y obligados a vivir en la «indigencia», pero la solicitud no fue atendida.
«Me queda una sensación agridulce. Por fin están en sus casas, pero se les trató con una dejadez absoluta»
Alfredo Rodríguez fue el abogado de los 9 tripulantes de Nepal. Y como él mismo reconoce, además de como letrado, en este caso tuvo que actuar como un «buen samaritano» para procurar ayuda en todos los cauces posibles para sus clientes debido a la situación en la que quedaron una vez fueron excarcelados, obligados a permanecer en España con lo puesto pero sin ningún tipo de asistencia por parte de las administraciones públicas.
«De todo esto me queda una sensación agridulce», reflexiona. «Estoy satisfecho porque por fin volvieron a Nepal y han logrado llegar a la meta de este procedimiento judicial. Pero me quedo con el amargor de que en un país como España esperaba un mínimo de soporte social para un escenario como en el que se vieron mis clientes al quedar en libertad y sin medios para subsistir. Cometieron un delito, es cierto, pero no fueron beligerantes en la causa judicial, confesaron los hechos, se pusieron siempre a disposición del tribunal y, como colofón de la dejadez absoluta sufrida durante el tiempo que estuvieron en libertad, han tenido que pagarse ellos el viaje, algo del todo excepcional cuando hay una orden judicial de expulsión», afirma.
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