Autopista
En-Colectivo inicia la ejecución judicial contra Audasa para que los usuarios de la AP-9 recuperen los peajes cobrados durante las obras de Rande
Solicita al juzgado que obligue a la concesionaria de la autopista «a facilitar los datos necesarios para identificar a todos los afectados y agilizar las devoluciones»
Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, y Antonio Heredero, abogado de BGI Law.
La Asociación de Consumidores En-Colectivo anuncia que ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra la demanda de ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que declaró en 2025 improcedente el cobro íntegro de peajes en determinados supuestos durante las obras de ampliación del puente de Rande (2015–2018).
Explica que «la demanda se inicia con un primer grupo de usuarios que ya solicitan su reconocimiento como beneficiarios, como paso previo para reclamar la devolución de los importes abonados». «El procedimiento queda abierto a la incorporación de nuevos afectados que acrediten su situación conforme a los criterios establecidos en la sentencia a través de la página web www.en-colectivo.com», detalla.
En el mismo escrito, En-Colectivo solicita al juzgado que requiera a Audasa, la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9), «para que facilite la información necesaria para identificar al resto de los usuarios afectados y calcular las cantidades a devolver, con el fin de agilizar el proceso».
«El procedimiento se tramita conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de casos, en los que primero se reconoce a los afectados y, posteriormente, se ejecuta la devolución de las cantidades de forma individual, junto con los intereses correspondientes», apunta.
«Corresponde ejecutar la sentencia»
El presidente de En-Colectivo, Diego Maraña, asegura que, «durante años, se cobró por un servicio que no se prestaba en condiciones». «Ahora corresponde ejecutar la sentencia y proceder a la devolución», apostilla. «El proceso, asesorado por el abogado Antonio Heredero de Balms Law (BGI Law), permitirá el reconocimiento individual de los afectados, la determinación de las cantidades abonadas y la ejecución de la devolución con intereses», según traslada esta entidad.
En-Colectivo apostilla que, «durante las obras del puente de Rande, se registraron incidencias en la circulación que afectaron al servicio prestado en la autopista: retenciones kilométricas, cortes de tráfico, desvíos…». «Pese a ello, la concesionaria continuó aplicando el cobro íntegro del peaje. El Tribunal Supremo identificó 81 incidencias concretas y estableció los criterios que deben cumplir los usuarios para poder reclamar», añade.. Según esta entidad, el procedimiento puede afectar a un «número elevado» de usuarios de la AP-9.
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