La falta de personal para ejecutar las sentencias civiles en Vigo activa todas las alarmas

Todo cambio cuesta. La puesta en marcha del Tribunal de Instancia en Vigo no está siendo fácil. La nueva estructura judicial que echó a andar en enero ha traído consigo numerosas modificaciones. Se ha dicho adiós a los juzgados estancos con la creación de una gran oficina judicial que da servicio a los jueces. Magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios están acostumbrándose a una implantación complicada en la que han ido surgiendo problemas. Algunos se están solventando poco a poco. Pero, entre otros, hay uno que ha levantado todas las alarmas: el de la escasez de personal para hacer cumplir las resoluciones judiciales, especialmente en el área civil. El número de funcionarios dedicados a esta labor se redujo de forma notable con respecto al que existía en los ya desaparecidos órganos judiciales tradicionales. Y la falta de trabajadores afecta también al nuevo equipo especializado en ejecuciones hipotecarias y subastas, integrado únicamente por tres personas.

«Para la ejecución en el ámbito civil antes había tres funcionarios por plaza. Ahora solo es uno», afirman las distintas fuentes judiciales consultadas sobre el escenario actual.

Una situación de la que llevan alertando desde la constitución del Tribunal de Instancia los distintos sindicatos judiciales y el propio presidente de la junta de personal judicial, Roberto Fariña, que advierte de que la falta de personal aboca a la ejecución civil al «colapso».

Cuatro servicios comunes

El Servicio Común de Ejecución es uno de los cuatro que dan forma a la oficina judicial de Vigo. Exceptuando el que depende de las dos secciones de la Audiencia, es el que menos trabajadores tiene (11 letrados judiciales y 54 funcionarios). El de tramitación es el que cuenta con más personal (201 funcionarios y 26 letrados judiciales) y la otra gran área es el servicio común general, del que forman parte 97 funcionarios y dos letrados judiciales.

El sindicato Alternativas na Xustiza revelaba recientemente que, pese a las más de 20.000 ejecuciones pendientes existentes en el ámbito civil en Vigo, se han destinado a esta área concreta a solo 26 funcionarios, frente a los 42 que había en los antiguos juzgados.

«Se suprimió el 40% del personal provocando un aumento brutal del número de ejecuciones por trabajador», concretaron. Este déficit es algo en lo que coinciden todas las fuentes consultadas, que señalan que serían necesarios al menos 12 trabajadores más para afrontar con garantías el trabajo.

La última y decisiva fase de un procedimiento judicial

La ejecución es la última fase por la que pasa un procedimiento judicial. Es clave: supone dar cumplimiento a lo que los magistrados dictaminan en sus resoluciones. «En el área civil la ejecución es sobre todo dineraria», explican. Hay que garantizar que los demandantes que han ganado un pleito, sean particulares, empresas, bancos u otro tipo de entidades, reciben las cuantías que se concretan en las sentencias. Y hacer cumplir otro tipo de dictámenes que no son dinerarios.

«El déficit de personal se traduce en retrasos. Se necesitan más trabajadores para agilizar la ejecución, es algo que redundaría en beneficio de la economía viguesa», indican sobre esta reivindicación.

Dentro de la ejecución civil, se ha creado un grupo especializado, el que se encarga de la tramitación desde el principio y hasta el final de las ejecuciones hipotecarias y el que asume la activación y control de todas las subastas, de cualquiera de las jurisdicciones, que se ordenan en el Tribunal de Instancia olívico.

Ellos se encargan, tras comprobar que se han pagado las tasas correspondientes, de anunciarlas en el portal telemático y están pendientes hasta su conclusión: si no hay postores devuelven al procedimiento a la plaza judicial que se lo remitió y si hubo ofertas, emiten la resolución con la que se aprueba el remate antes de derivarla para que la plaza correspondiente se ocupe de la adjudicación y de los trámites posteriores.

«La idea es muy buena. Se aboga por la especialización», explican las fuentes sobre este grupo. Pero el problema es que solo está formado por tres funcionarios. «Activar una subasta te puede llevar tranquilamente dos o tres horas. Y si es una con muchos bienes, bastante más», concretan en el servicio, donde llaman la atención sobre otro problema. Que son un equipo que no existe en el sistema informático judicial Minerva. No son plaza propia.

«Cada plaza tiene su numeración, es como su DNI, pero nosotros no», dicen. «Es como si fuésemos intrusos. Así que no nos podemos comunicar con los distintos órganos a través del sistema, lo que complica y ralentiza el trabajo. Debemos hacerlo por correo electrónico, por teléfono o con papeles... Yo antes no tenía ni un papel sobre la mesa y ahora está llena», resume una trabajadora.

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