La lucha por Déborah vuelve a coger impulso 24 años después: «Rendirse sería perderla del todo»

Mañana jueves es 30 de abril. Se cumplen 24 años desde que se vio por última vez con vida a Déborah. Regresaba a su casa tras salir a correr por Samil. Diez días después su cadáver desnudo fue hallado a 40 kilómetros de Vigo, en un cuneta de O Rosal. Transcurrido casi un cuarto de siglo, la verdad todavía no ha salido a la luz. La nueva oportunidad judicial que tuvo el caso en 2019, en la que por primera vez se imputó al exnovio de la joven, derivó sin embargo en un sobreseimiento provisional hace ya casi dos años. Pero la familia nunca ha abandonado la lucha. Y ahora la ha vuelto a visibilizar en su intento, de nuevo en sede judicial, de que la UCO de la Guardia Civil asuma desde cero la investigación de un asunto que estuvo rodeado de errores, negligencias y omisiones policiales y judiciales.

«Mi conciencia me dice que esto no puede quedar así. Durante todo este tiempo nosotros hemos seguido trabajando para saber qué le ocurrió a Déborah y porque en esta investigación se actuó tan mal y el motivo de ello», afirma Ramón Amoedo, uno de los abogados de los padres y los hermanos de la víctima. El 24 aniversario no solo coincide con este nuevo intento para que se dé impulso a las pesquisas policiales. La familia se ha movilizado en redes sociales con un emotivo escrito elaborado por Rosa, hermana de Déborah, un texto que pide que se comparta para «inundar» internet con el recuerdo de una joven a la que todavía no se le ha hecho justicia.

«Mientras se la recuerde, todavía hay esperanza»

«Rendirse», afirma, «sería perderla del todo». «No mires hacia otro lado, no hoy. Comparte, habla de ella, nómbrala, haz que Déborah exista también fuera de nuestra casa. Porque mientras se la recuerde, mientras se la nombre, mientras se la busque... todavía hay esperanza», dice la familia en ese texto en el que recuerdan que llevan 24 años sin Déborah, sin su risa, sin su voz... y que la herida sigue «abierta» ya que los años han ido pasando «sin respuestas» y porque «no se investigó como se debía» ni se hizo todo «lo que se tenía que hacer».

Fue la lucha de la familia la que en 2019 derivó en la reapertura del caso. Pero esa nueva fase judicial, en la que se llegó a exhumar el cadáver de la joven y en la que por primera vez se citó como investigado al exnovio, acabó en junio de 2022 con un sobreseimiento provisional. Para la jueza que entonces estaba en el juzgado de Tui encargado de la instrucción no se recabaron «indicios bastantes» para imputar el hecho delictivo «a persona determinada».

Las pruebas de ADN, que descartaron que el semen y un pelo hallado en el cuerpo fuesen del imputado, aceleraron el archivo y la exculpación de este vigués al dictaminar la instructora que solo existían «meras sospechas» y que las contradicciones de la expareja no permitían afirmar ni «que él estuvo con la joven la noche de su desaparición ni que la mató dejando su cuerpo en una cuneta». Ni siquiera hubo en el auto judicial un pronunciamiento sobre las causas de la muerte, que la familia y un experto forense que compareció en el procedimiento defendieron que era de etiología homicida por asfixia.

«Sigue siendo un crimen sin resolver»

Los abogados acaban de solicitar que la Guardia Civil, concretamente su unidad especializada UCO, empiece desde cero esta investigación que en su día se quedó la Policía Nacional, pese a que fue un juzgado de Tui, área de competencia del Instituto Armado, el que asumió la instrucción. «No pedimos la reapertura judicial. Lo que estamos solicitando es que la UCO abra una investigación policial. Si averiguasen algo nuevo sí que podríamos pedir la reapertura en el juzgado», explica Amoedo, que recuerda que el de Déborah «sigue siendo un crimen sin resolver».

«Si se siguieron haciendo indagaciones en casos como el de Marta del Castillo. ¿Por qué no en el de Déborah?», reflexiona el letrado, que hace hincapié en que en este caso hubo un «sospechoso». «Que sigan investigando con respecto a esa persona o a otras. Pero que no dejen este asunto de lado», clama.

El juez de Tui que ha dictaminado sobre la petición relativa a la UCO emitió recientemente, este mismo abril, una primera resolución en la que señala que él no es competente para atribuir la investigación del caso «a uno u otro cuerpo policial», una providencia que ha sido recurrida en reforma por la familia con un escrito en el que, además de enumerar las negligencias de las pesquisas de la Policía Nacional, preguntan al magistrado sobre quién es entonces el competente para hacerlo. «¿Es la Fiscalía? ¿Es el Ministerio del Interior? Se lo planteamos para que nos aclare esta cuestión», explica Ramón Amoedo, que, como los padres y hermanos de la joven, se niega a rendirse: «Es un tema de justicia».

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