La Guardia Civil sobre el entramado de las «narcolanchas»: «Las embarcaciones no tenían otro fin que el tráfico de drogas»

La «Operación Endurance» fue uno de los golpes al narcotráfico más importantes de los últimos tiempos en Vigo. Cuatro años después de explotar el operativo y tras una jornada previa de cuestiones previas celebrada en febrero, el juicio arrancó por fin esta mañana en la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia tras varios intentos fallidos. Junto a la de este lunes, por delante quedan al menos otras cinco jornadas de vista oral centradas en un entramado dedicado presuntamente a la fabricación y posterior venta de narcolanchas que disponía de naves en Vigo y Portugal. En total son 11 acusados, a los que se añade, como persona jurídica, una empresa de transporte de Porriño. El Ministerio Público pide penas que suman 59 años y seis meses de prisión –individualmente oscilan entre los 2 y los 9 años de cárcel–, así como multas millonarias, que en el caso de la mercantil cifra en 14 millones de euros. Los supuestos cabecillas estaban asentados en Barcelona.

Los dispositivos de geolocalización que la Guardia Civil colocó en las «narcolanchas« fueron claves en esta investigación, según confirmó en la vista el guardia civil que instruyó las diligencias, quien declaró que esos GPS eran la «única forma» de realizar el seguimiento de las embarcaciones. Las pesquisas arrancaron en una nave de Cotogrande (Vigo) con la instalación autorizada judicialmente de los dispositivos.

Los acusados eran «perfectamente conocedores» de que se trataba de «género prohibido», afirmó el instructor, que ha situado en la cúspide de la organización a los dos hombres con domicilio en Cataluña, Ramón S.V., y Sergio R.T.

Los investigadores siguieron la pista a casi una veintena de lanchas, algunas de las cuales acabaron intervenidas en operativos policiales contra el tráfico de hachís en el sur de la Península. Junto a precauciones en torno a conductores que hacían el transporte de las lanchas, el testigo ha explicado también que la organización adoptaba medidas de seguridad para eludir la vigilancia policial y no llamar la atención, como mantener durante semanas las lanchas en dependencias de las empresas de transportes con las que colaboraban.

La investigación de esta trama se inició en enero de 2021, al tenerse conocimiento de la actividad de construcción de lanchas rápidas en la nave de Vigo. Las vigilancias confirmaron las sospechas y, posteriormente, se adoptaron medidas como el balizamiento de las embarcaciones o las intervenciones telefónicas a los implicados.

Organización

Los cabecillas, además de controlar el funcionamiento de la red, también tenían «una relación fluída» con la parte portuguesa de la trama, que aportaba instalaciones de astilleros para finalizar la construcción de las embarcaciones y, en ocasiones, motorizarlas. En un plano intermedio, estaban otros dos acusados, Javier Marcial T.V. y Manuel L.S., que eran los que estaban físicamente en las naves donde se construían y acondicionaban las lanchas. Mientras que el resto de acusados desempeñaban funciones como transportistas, receptores de las lanchas, gestores de las naves, etc.

Polémica por el balizamiento

En la jornada de este lunes, los abogados defensores han insistido en cuestionar la medida de balizamiento de las supuestas narcolanchas, ya que entienden que la Guardia Civil solicitó autorización para colocar aparatos de seguimiento en unas embarcaciones rápidas, cuando realmente solo eran «cascos» de lanchas que no estaban motorizadas y no tenían ni flotadores ni nada que pudiera hacer pensar que eran un género ilícito.

Cuestionado sobre estas dudas, el instructor de la investigación policial ha reiterado que la concepción de una embarcación como género prohibido abarca cualquier estadio de su fabricación. Así, ha señalado que las lanchas investigadas cumplían los requisitos para ser consideradas ilegales, por su eslora, por la disposición del potro central (para colocar asientos en línea) o por el espacio del espejo de popa, preparado para la instalación de varios motores fueraborda. «El uso de ese tipo de embarcaciones, con esta estructura, no es otro que el tráfico de drogas», ha proclamado.

Este testigo ha reconocido que, sin ese balizamiento, habría sido «imposible» seguir los desplazamientos de las embarcaciones sospechosas y desarrollar la investigación policial.

La estructura

La nave industrial del polígono industrial de Cotogrande, en la rúa da Becerreira de Vigo, fue uno de los principales almacenes presuntamente a disposición de la organización para construir desde cero los cascos de estas embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, pero dispondrían de más naves para esta misma labor de fabricación o para culminarlas colocándoles los flotadores en distintos puntos del norte de Portugal, fundamentalmente en Valença do Minho y Viana do Castelo.

La red contaba además presuntamente con una flota de camiones y remolques para transportar las planeadoras y con espacios para custodiarlas en Tarragona y Toledo antes de entregarlas a los destinatarios finales. El fin de estas embarcaciones, según el fiscal, era el tráfico de hachís.

Registros

En los registros la Guardia Civil se incautó de 21 embarcaciones semirrígidas en distintas fases de fabricación, 23 cascos de fibra, así como motores, bidones con gasolina o moldes para los cascos. El papel que se le atribuye a los supuestos líderes es el de financiar la fabricación de las narcolanchas, remunerando a quienes las construían y contratando los transportes. A la orden de estos dos acusados estaban el resto de procesados.

Los principales delitos por los que califica la Fiscalía son dirección e integración de organización criminal y contrabando de embarcaciones constitutitivas de género prohibido. Las defensas defienden la inocencia de sus clientes.

Este juicio se celebra apenas días después de que finalizase el del «Simione», el barco aprehendido en alta mar con un gran alijo de cocaína, un caso que ya solo está pendiente de sentencia.

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