El PP de Vigo lleva al pleno una ofensiva contra las «narcocasas» y pide más vigilancia en los barrios

El Partido Popular de Vigo quiere convertir el próximo pleno municipal en un nuevo foco de presión sobre la seguridad en la ciudad. La presidenta del PP local, Luisa Sánchez, ha anunciado la presentación de una moción para reclamar un refuerzo de la vigilancia en los barrios afectados por las llamadas «narcocasas» y para exigir más medios policiales con los que hacer frente a esta situación.

La iniciativa, según ha explicado la dirigente popular, plantea que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno utilicen «todas las herramientas legales, urbanísticas y policiales» para erradicar estos puntos de venta de droga, en una línea que el PP vincula a lo ocurrido en el entorno de la calle Pizarro y, en concreto, al antiguo foco de la calle Porto Rico, que la formación sitúa como ejemplo de intervención tras la presión vecinal y política.

Sánchez sostiene que ese problema no solo persiste, sino que se ha extendido a distintos puntos de Vigo. En su comparecencia citó casos en Fontiñas, en Cabral, donde asegura que existe un punto conflictivo desde hace más de dos años; también mencionó otro en el entorno del antiguo mercado de esa misma parroquia, además de enclaves en A Florida, Camiño do Chouzo, Menéndez Pelayo e Irmandiños. Todo ello, según la portavoz popular, evidencia una respuesta institucional insuficiente ante un fenómeno que, a su juicio, está degradando la convivencia en barrios y parroquias.

La líder del PP vigués cargó con dureza contra el alcalde y contra el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, al considerar que han minimizado el problema. «Mientras la presencia de estos focos de inseguridad ha aumentado de manera significativa en los últimos años, el Gobierno de Abel Caballero y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, miran hacia otro lado», censuró. En esa misma línea, reclamó al regidor que preste más atención a la realidad de los barrios.

Oficina municipal antiocupación ilegal de viviendas

La moción que defenderá el PP en el pleno del lunes no se limita a pedir más presencia policial. También incorpora la propuesta de crear una oficina municipal antiocupación ilegal de viviendas, concebida, según la formación, para agilizar expedientes de declaración de ruina, clausura y desalojo, además de atender posibles situaciones de emergencia social vinculadas a este tipo de inmuebles.

Junto a ello, los populares quieren instar al Gobierno central a promover una reforma legal que facilite el desalojo urgente de viviendas usurpadas a sus propietarios legítimos. La formación enmarca esa petición en una estrategia más amplia para intervenir sobre inmuebles que, a su juicio, acaban funcionando como focos de venta de droga o de deterioro de la seguridad ciudadana.

El texto político incorpora además un frente institucional de alto voltaje. Luisa Sánchez avanzó que su grupo exigirá también la dimisión del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, por haber acusado, según el PP, a concejales y diputados populares de «haber reventado» una supuesta investigación policial en Cabral. La dirigente popular sostiene que el Ejecutivo no aportó pruebas de la existencia de esa operación tras una pregunta formulada oficialmente en el Congreso. «No fueron capaces de aportar pruebas de su existencia. Era todo un invento», afirmó.

La ofensiva del PP sitúa así la seguridad y el conflicto por las viviendas usadas, según denuncia la formación, como puntos de venta de droga en el centro del debate político municipal. La moción llegará al pleno con una doble carga: por un lado, la exigencia de más medios y actuaciones; por otro, la escalada de la confrontación con la Subdelegación del Gobierno en torno a la gestión de este problema.

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