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Administración de Justicia

Los magistrados claman contra la «minusvaloración» de Vigo en el ámbito judicial: «Retrocedemos a la situación de hace dos décadas»

Los jueces instructores afirman que la eliminación temporal de un juez instructor provocará «enormes disfunciones» y piden al TSXG y al CGPJ que continúe la medida de refuerzo

Avisan del «caos absoluto» que supondrá la supresión de la plaza 8 en mayo, mientras no se cree la nueva anunciada por el ministerio, ya que obligará a anular «centenares de señalamientos y diligencias»

La eliminación del antiguo Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, plaza que se volverá a crear este año, ha derivado en esta situación.

La eliminación del antiguo Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, plaza que se volverá a crear este año, ha derivado en esta situación. / Marta G. Brea

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Dentro de tres semanas, si no se adopta una solución, Vigo se quedará con solo siete jueces instructores. Algo que no se producía desde 2004, hace ya más de dos décadas, época en la que se creó el entonces denominado Juzgado de Instrucción número 8. Esta situación, que será temporal a la espera de que el Ministerio de Justicia cree de nuevo la plaza de esta especialidad que decidió eliminar en 2025, ha vuelto a movilizar a los magistrados vigueses. Y es que los ocho jueces instructores, en una junta sectorial presidida por el presidente del Tribunal de Instancia Germán Serrano, han suscrito un acuerdo en el que claman contra la «minusvaloración» de Vigo, «la principal ciudad de Galicia», desde un punto de vista judicial, advierten del «caos absoluto» que se generará en la sección a la que pertenecen al tener que redistribuir todo el trabajo, lo que conllevará la anulación «de centenares de señalamientos y diligencias ya anotadas en las agendas judiciales», y avisan de las «graves alteraciones y perjuicios» que se causará tanto a los ciudadanos como a los propios magistrados y al resto del personal.

La eliminación del antiguo Juzgado de Instrucción 8 de Vigo para convertirlo en la segunda plaza de la actual Sección de Violencia sobre la Mujer ha dado lugar a todo un embrollo. El clamor que se generó hizo al Ministerio de Justicia reaccionar y volverá a crear la plaza instructora, pero el Real Decreto está aún en proceso de tramitación y no se espera hasta «finales de mayo o principios de junio». Paralelamente, se busco una solución para mantener durante todo este tiempo los ocho jueces, al crearse una especie de refuerzo, pero éste desaparecerá el próximo 5 de mayo, antes de la habilitación efectiva de la nueva plaza comprometida, por la marcha de una de las magistradas titulares, la del 7, a su nuevo destino en Madrid.

Asuntos con presos o complejos

Esto provocará que durante un tiempo, al menos un mes, pero podría ser un período mayor, solo se queden siete magistrados. Y eso obligará a reorganizar todas las guardias semanales de detenidos y de delitos leves, lo que llevará, dicen los jueces, a suspender «centenares» de diligencias ya señaladas en las que estaban citados investigados, testigos o peritos de causas que se instruyen en esta sección.

No solo eso. Los asuntos que se tramitaban a día de hoy en la plaza 8 de refuerzo deberán ser redistribuidos entre el resto de jueces instructores y concretamente los que estaban pendientes de conclusión a fecha del pasado 31 de diciembre pasarán al nuevo juez de Violencia sobre la Mujer, al ser la plaza que se transformó. La reorganización, avisan los jueces, «puede afectar al derecho al juez predeterminado por la ley» de una plaza, la 8, que, junto a otros centenares de asuntos, se encarga de casi una decena en los que los investigados están en situación de prisión provisional además de otras causas «de especial complejidad».

Una comisión de servicios o un JAT, «necesario e imprescindible»

En el escrito consensuado por los jueces en la junta celebrada esta semana, que se elevará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a la Audiencia Provincial de Pontevedra o a la Fiscalía de Área de Vigo, se plantea una solución para que no se pierda temporalmente el octavo juez instructor. Lo que piden es que a partir del 5 de mayo, cuando se vaya la titular del 7, continúe el refuerzo en la Sección de Instrucción mediante una comisión de servicios o la adscripsión de un JAT y que, «entretanto esto no se materialice», se realice el llamamiento en sustitución voluntaria para ocupar dicho refuerzo. Esta medida de apoyo, valoran, es «necesaria e imprescindible»

Lo contrario, dicen, provocará «enormes disfunciones». «Se dañan de manera ostensible los derechos de los ciudadanos/as del partido judicial de Vigo, pues de no buscarse una alternativa temporal, será precisa una nueva redistribución de la carga de trabajo entre los órganos restantes, lo que implicará demoras adicionales en la tramitación de diligencias previas, juicios rápidos, medidas cautelares, investigaciones urgentes y otras actuaciones de relevancia penal inmediata», afirman.

Unas plazas ya «sobrecargadas» de trabajo

«Vigo es la ciudad más poblada de Galicia, con un volumen de litigiosidad penal que supera ampliamente los estándares medios nacionales, por lo que la pérdida de una unidad judicial, aún de forma temporal, compromete la garantía de los derechos fundamentales de las personas investigadas, de las víctimas y de los operadores jurídicos que intervienen en el proceso penal», dicen. La redistribución del trabajo del 8 entre las plazas restantes supondrá un incremento de carga de trabajo para unas plazas «ya de por sí sobrecargadas de trabajo».

«La asunción de una mayor carga de asuntos, en una jurisdicción penal ya saturada por procedimientos complejos, investigaciones de criminalidad organizada, ciberdelincuencia o violencia multirreincidente, genera un riesgo objetivo de sobreesfuerzo, de incremento del estrés funcional y de deterioro en la calidad de las resoluciones judiciales. La planificación judicial no puede realizarse a costa del bienestar psicosocial de quienes sostienen diariamente el servicio público de justicia», aseveran en el escrito acordado en la junta.

Afectación de la agenda judicial y de la conciliación familiar

«En definitiva, el tener que reorganizar a partir del 5 de mayo de 2026 toda la agenda judicial a siete plazas de Instrucción, para que dentro de apenas un mes haya que volver a cambiarla para ocho plazas de Instrucción, genera más disfunciones que otra cosa, provocando graves alteraciones y perjuicios tanto a los justiciables (por las suspensiones consiguientes de señalamientos), como a los propios magistrados/as que verán afectado su derecho a conciliación familiar, pues tantos cambios provocan que no sea posible organizar de manera adecuada su derecho al disfrute de vacaciones anuales», resumen.

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