Las penas alternativas ganan terreno a la cárcel con más de 1.600 medidas en Vigo y resto de la provincia

De ser condenado a una pena de prisión a ingresar directamente en la cárcel hay un trecho bastante grande. Habitualmente, tras una conformidad en sala –el o los acusados reconocen los hechos y son condenados en la misma vista– las partes, tanto acusaciones como defensas, se pronuncian sobre el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena o sustituir la misma por una pena no privativa de libertad: los trabajos en beneficio de la comunidad.

También conocidos como trabajos sociales, ya sea por suspensión, sustitución o impuestos de forma directa, se han convertido en una medida alternativa a la prisión en aumento. Solo hay que mirar las estadísticas del SGPMA –Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (dependiente de Instituciones Penitenciarias)– de A Lama relativas al año 2025 para apreciar esta tendencia.

A falta del dato correspondiente al último trimestre, entre enero y septiembre del año pasado, el SGPMA de A Lama, en el que se incluye el CIS de Vigo ubicado en la Avenida de Madrid, recibió 1.623 mandamientos u órdenes judiciales para su ejecución por sendas condenas, cuantía superior a la de ejercicios anteriores: 1.490 en 2024, 1.510 en 2023 o 1.336 en 2022 en el mismo periodo.

Población reclusa

Basta compararlo con el número de internos que permanecían en el centro penitenciario de A Lama al inicio de 2025, que según el último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior era de 1.153 (116 como medida preventiva). La cifra de penas alternativas supera ahora sí con creces a la de la población reclusa de Vigo y resto de puntos de la provincia.

Y a esto, hay que precisar que las medidas alternativas como los trabajos en beneficio de la comunidad se aplican en mayor medida a determinados delitos: violencia de género, seguridad vial, delitos de lesiones y contra el patrimonio (robos, hurtos, estafas, etc.). Con todo, el SGPMA de A Lama también se encarga de la gestión de las reglas de conducta, requisitos, obligaciones o condiciones que un juez impone a una persona condenada cuando no entra en prisión, principalmente la participación en programas de intervención, reeducación, formativos o incluso de deshabituación de consumos.

Los SGPMA, en este caso el de A Lama, a través de sus profesionales, realizan el seguimiento de estas actividades y evalúan al penado al inicio y final del programa. Su no cumplimiento puede dar lugar a un delito de quebrantamiento de condena –en el caso de que los trabajos hayan sido impuestos como pena principal u original – o incluso a la revocación de la suspensión de la condena inicial y ejecutar ésta.

Revocaciones

Sin ir más lejos, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, revoca hasta 16 suspensiones de condena cada mes por reincidencia o no respetar las condiciones de este beneficio. Tras el cambio de la reforma 1/2015, la normativa ya no contempla una revocación automática de este beneficio tras reincidir en el delito o el incumplimiento de las condiciones.

¿Y cuáles son los trabajos sociales o en beneficio de la comunidad más frecuentes? Realmente lo que son son variados, desde colaboración en comedores sociales a participar de actividades culturales en asociaciones vecinales, tareas de mantenimiento o limpieza...

La voluntariedad está detrás de la realización de estas y otras tareas sociales, pero para los más de 1.600 personas que se encuentran ejecutándolas, ésta llega previa sentencia judicial. Y es que, con todo, para la realización de estos trabajos se requiere obligatoriamente el consentimiento del penado, según establece el artículo 49 del Código Penal. Esta pena no puede imponerse de manera forzosa si el condenado se niega a realizarla.

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