Denuncian que la falta de personal bloquea 9 millones en los juzgados civiles de Vigo

La falta de personal para tramitar ejecuciones en los juzgados de lo Civil de Vigo ha provocado, según denuncia el sindicato Alternativas na Xustiza, la acumulación de más de 9 millones de euros pendientes de tramitación en las cuentas judiciales de la ciudad. La organización sindical atribuye esta situación a la insuficiencia de medios humanos tras la puesta en marcha del nuevo modelo de Oficina Judicial y carga contra la Xunta, a la que acusa de inacción pese a haber sido advertida previamente del problema.

En un comunicado difundido este lunes, el sindicato sostiene que, transcurridos tres meses desde la entrada en funcionamiento del nuevo sistema, «los números dejan en evidencia» la «pasividad de la Xunta» y reflejan tanto la acumulación de cantidades económicas como la paralización de procedimientos de ejecución.

Alternativas na Xustiza asegura que ya había advertido antes de la implantación del nuevo modelo al conselleiro Diego Calvo y al director xeral de Xustiza, José Tronchoni, de que la plantilla destinada a tramitar la ejecución civil en el tribunal de instancia de Vigo era «insuficiente».

Según los datos facilitados por la organización, esa carencia de efectivos —entre gestores, tramitadores y letrados judiciales— ha desembocado en una carga de trabajo que consideran inasumible. El sindicato cifra en 13 plazas la estructura existente en la ciudad para asumir este cometido y sostiene que, a 31 de marzo de 2026, había en Vigo más de 29.000 ejecuciones pendientes de resolver.

Todo 2026, sin incoar

La denuncia va más allá del volumen global de asuntos atascados. Alternativas afirma que, en la práctica, el cien por cien de las ejecuciones correspondientes a 2026 siguen sin incoarse, lo que se traduce en más de 1.300 demandas completamente paralizadas. A eso suma además más de 9.300 escritos presentados pendientes de tramitación.

El sindicato pone también el foco en la estructura de dirección de esos equipos y considera insuficiente el número de letrados judiciales asignados. En su comunicado, advierte de que el volumen actual obliga a algunos de ellos a hacerse cargo de cinco plazas judiciales y cinco cuentas bancarias, una carga que califica de desproporcionada.

A juicio de la central, la situación se ha visto agravada por decisiones adoptadas coincidiendo con la implantación de la nueva Oficina Judicial. En concreto, denuncia que la Xunta «aprovechó» ese cambio organizativo para suprimir el personal de refuerzo que venía apoyando al juez de refuerzo desde 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, reprocha a la Administración autonómica que «no hizo nada» para lograr que el Ministerio de Justicia mantuviera al letrado judicial de refuerzo.

Críticas a la Xunta

El eje de la denuncia sindical se centra precisamente en esa falta de reacción institucional. Alternativas sostiene que el problema no es sobrevenido, sino conocido de antemano, y lamenta que no se hayan reforzado los medios en un ámbito especialmente sensible por el volumen económico y procesal que mueve.

La organización dibuja así un escenario de fuerte atasco en la jurisdicción civil viguesa, con miles de procedimientos pendientes y millones de euros retenidos a la espera de tramitación. Todo ello, insiste, como consecuencia de una dotación de personal que considera claramente insuficiente para absorber la carga real de trabajo derivada del nuevo modelo organizativo.

La denuncia vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de funcionamiento en la Justicia viguesa, en este caso en el ámbito de las ejecuciones civiles, y abre un nuevo frente de presión sobre la Xunta en materia de medios personales y refuerzos.