Tres investigados judiciales en la causa por presunta explotación de trabajadoras extranjeras en fruterías de Vigo
La instrucción está muy avanzada: ya comparecieron los imputados, así como las víctimas, que confirmaron ante el juez las condiciones abusivas a las que eran sometidas
Foto de archivo de un establecimiento dedicado a la venta de frutas y hortalizas. / E. P.
La operación de la Policía Nacional de Vigo que logró desarticular a un entramado de presunta explotación laboral que captaba a personas extranjeras a través de una app de citas para trabajar en varias fruterías de la ciudad ha dado lugar a una investigación judicial que ya se encuentra en una fase muy avanzada. La causa la lleva la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, ante la cual ya comparecieron los tres investigados judiciales que hay a día de hoy en el procedimiento (el empresario, su exmujer y el hijo), así como las víctimas, la mayoría mujeres, que confirmaron en sede judicial las supuestas condiciones abusivas a las que eran sometidas.
A la espera de que se reciban los últimos informes, fundamentalmente de la Seguridad Social, de cara a completar la instrucción e impulsar el caso de cara a juicio, la mayoría del resto de las diligencias ya han sido practicadas. Este caso salió a la luz en enero y, según informó en dicho momento la comisaría de Vigo, se identificó a cuatro víctimas, tres mujeres y un hombre procedentes de Sudamérica, que eran presuntamente obligadas a trabajar en estos establecimientos casi 17 horas al día de lunes a sábado, además de la mañana del domingo, por un salario de unos 600 euros que en ocasiones no llegaban a percibir.
Una denuncia dio impulso a la operación policial
La actuación policial se inició tras la denuncia de una mujer extranjera que manifestó haber sido captada mediante una aplicación de citas. Según relató, un varón le ofreció vivienda y trabajo en España a cambio de mantener una relación sentimental. La víctima, «en situación administrativa irregular y con una grave precariedad económica», aceptó el ofrecimiento. Una vez en territorio español, habría sido sometida a condiciones laborales abusivas.
Los agentes localizaron a otras víctimas que habían sido incorporadas a varios establecimientos de alimentación, las fruterías, gestionados por el empresario investigado. Estas personas, concretó la Policía Nacional, residían en almacenes habilitados como viviendas y trabajaban de forma irregular.
Los familiares
El principal investigado dirigiría en la práctica los negocios, pero los locales no figuraban a su nombre, sino al de familiares directos, como su exmujer y su hijo.
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