Hacinamiento, sanciones y drogas: así era la prostitución en los chalés de lujo de Vigo

Raquel (nombre ficticio) llegó a Vigo en 2020 para procurarse medios económicos para su hija enferma y para otros menores que tenía a su cargo. En plena época del COVID, en situación irregular en España, sin apoyos, sin apenas dinero y sin posibilidad de encontrar otro medio de vida, empezó a ejercer la prostitución en dos chalés de la ciudad olívica. Allí se encontró, a la luz del sumario judicial que derivó de este caso, con un rígido y «humillante» sistema de normas que incluían multas y sanciones y la obligación de estar disponible los siete días de la semana durante las 24 horas del día, así como de vender droga a clientes e incluso consumirla ella misma para «aguantar la duración excesiva de los servicios sexuales». Llegó a tener que prestarlos «hasta tres días seguidos consecutivos sin descanso» e incluso «en condiciones de salud deplorables», lo que se unía al «hacinamiento» que soportaba en la habitación donde malvivía y dormía con otras jóvenes en su misma situación.

Esta mujer fue una de las casi 50 identificadas en el marco de la investigación policial y judicial contra la presunta red de explotación sexual que gestionaba prostíbulos de lujo en un chalé de Tomás Alonso, en otro de Ricardo Mella y en un spa de Pizarro, la que se atribuye al armador del «Simione», Pablo G.F., el empresario que acaba de ingresar en prisión provisional por su supuesta vinculación con la potente organización de traficantes de droga del «narcotúnel» de Ceuta.

La Fiscalía relata en su escrito de calificación provisional las condiciones en las que estaban las mujeres extranjeras, procedentes de países como Colombia, Cuba, Venezuela o República Dominicana, que fueron captadas para estos chalés, que acabaron precintados por orden judicial tras el operativo policial de 2021 que desarticuló el entramado que les daba cobertura.

Otro caso en el que fue condenada una «madame»

Chalés como los que protagonizan esta causa que pronto llegará a juicio con seis acusados (el empresario vigués, la que era su pareja y las cuatro encargadas de los prostíbulos) empezaron a abundar coincidiendo con la irrupción del coronavirus. De hecho, otro caso de esa época ya fue juzgado y sentenciado, derivando en la condena de la «madame» que dirigió otras dos casas de citas de lujo en Vigo y Poio.

Igual que en la acusación que ejerce ahora el Ministerio Fiscal en el procedimiento del armador del «Simione», en esa sentencia que ya data de 2023 se recogen las «condiciones abusivas» a las que eran obligadas las jóvenes que estaban en esas viviendas: desde estar disponibles las 24 horas hasta presionarlas para todo tipo de servicios, unido a condiciones de salubridad «indignas e insalubres» durmiendo en un sótano que carecía de luz y ventilación.

En el caso de los chalés de Tomás Alonso y Ricardo Mella hubo seis testigos protegidas, a varias de las cuales los médicos forenses diagnosticaron daño moral y estrés postraumático a raíz del presunto «trato humillante e indigno» sufrido: según el relato de la acusación pública, les imponían servicios que ellas no acordaban (incluidos sin preservativo), les abonaban el porcentaje que les correspondía con retraso o con amenaza de no entregárselo «si se negaban a alguna imposición» y se les llegó a exigir vender droga a clientes, trasladarla a los clientes a los que recibían fuera de esas viviendas o consumirla ellas mismas «para aguantar los servicios de varias horas».

Como en otros casos de redes similares que fueron desarticuladas en Vigo, estaban alojadas en los sótanos de unos chalés donde el lujo solo se mostraba para los clientes.

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