El armador del «Simione» afronta 47 años de prisión por presunta explotación sexual en chalés de lujo en Vigo

Al armador del «Simione», el pesquero abordado en alta mar con 2,8 toneladas de cocaína a las puertas de las navidades de 2022, se le acumulan las causas judiciales. Pablo G.F. está en pleno juicio por este alijo y acaba de ingresar de nuevo en prisión tras ser detenido en el gran operativo del «narcotúnel» de Ceuta. Pero no es el único procedimiento que tiene en su contra. También deberá sentarse en el banquillo acusado de explotación sexual en dos chalés de lujo ubicados en la avenida de Ricardo Mella y en Tomás A. Alonso, así como en un spa que tenía su sede en Pizarro. La Fiscalía ya presentó su escrito de calificación provisional en relación con este caso, que dirige contra el empresario vigués, contra su pareja sentimental cuando ocurrieron los hechos y contra cuatro mujeres más que ejercían de encargadas de los locales. Pablo es el principal encausado y quien se enfrenta a la mayor condena: el fiscal pide penas para él que suman, en total, 47 años de prisión.

Esta operación policial en torno al negocio de la prostitución se remonta a 2021 y derivó en el precinto y orden de clausura de dichos chalés por orden de la magistrada instructora. Ahora, concluida la investigación judicial, el caso ya está próximo a juicio. El armador del «Simione», para el que su defensa pide la libre absolución, está acusado de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro y en el seno de una organización, así como de prostitución coactiva, explotación sexual y también de tráfico de drogas, ya que en los locales había estupefacientes –principalmente cocaína a la luz de los registros policiales realizados– que supuestamente se vendían «a los clientes de prostitución que lo solicitasen».

Junto a este empresario y el resto de las personas acusadas, el Ministerio Público también se dirige contra dos empresas de las que era socio único y administrador Pablo, Gesalma Iberica S.L. y Gesalte Iberica S.L., con respecto a las cuales, por tener un supuesto papel de «cooperación necesaria» en los delitos, solicita penas de multa.

«Violencia e intimidación»

La lucrativa actividad de prostitución de lujo que se atribuye a este vigués se realizó, en parte, en la época del confinamiento del COVID. La Fiscalía afirma que Pablo y su pareja, desde principios de 2020 y hasta finales de 2021, alquilaron los dos chalés y el spa con el fin de dedicarlos «a la explotación de la prostitución ajena» usando para ello, siempre según el relato de la acusación pública, «violencia, intimidación, medios coactivos, abuso de situación de vulnerabilidad e imposición de condiciones abusivas». Para el arrendamiento de dichos locales y la gestión de los negocios, supuestamente se «sirvieron» de las dos empresas que también constan como acusadas.

Estructura empresarial

El fiscal, que concreta que el armador aportó la «estructura empresarial», describe que él era «el máximo responsable del entramado»: supuestamente gestionaba los chalés y el spa y era el encargado de costear el traslado de las mujeres a Vigo y de «favorecer su estancia y alojamiento» en los chalés aparentando que eran negocios de hostelería lícitos. La acusación detalla que «controlaba» el comercio de drogas a los clientes y que imponía normas de explotación sexual abusivas «que garantizaban la obtención de beneficio económico», normas que ejecutarían su pareja y las encargadas.

La novia del armador también ejercía presuntamente un control sobre los locales y era la que tenía un contacto «más personal y directo» con las encargadas y las víctimas, todas ellas extranjeras y la mayoría en situación irregular en España. En los chalés se alojaron casi medio centenar de mujeres –la Fiscalía cita a 49, seis de las cuales adquirieron la condición de testigos protegidas en la causa– originarias de Colombia, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Brasil o Paraguay.

La acusación describe que las víctimas se vieron sujetas a «normas» como estar disponibles las 24 horas del día, prestar servicios sexuales «en condiciones de mala salud», retención de ganancias para evitar que huyesen, sanciones económicas o venta de drogas como parte del servicio sexual.

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