Un juez avala la decisión del Concello de Vigo de denegar la licencia a la Xunta de Galicia para el centro de asociacionismo en Coia: «Debe dirimirse antes una cuestión capital»

Aval de los tribunales a la decisión del Concello de Vigo de revocar la licencia urbanística concedida a la Xunta de Galicia para reformar los antiguos juzgados de la rúa Lalín (Coia) con una inversión superior a los 20 millones para habilitar un gran centro de asociacionismo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha rechazado el recurso interpuesto por el Gobierno gallego ante el acuerdo adoptado, que se basó en que tanto la parcela como el edificio serían de titularidad municipal. Mientras, la Xunta defiende que es de su propiedad.

«La actuación es conforme a derecho y la demanda debe ser desestimada en tanto que no se dirima una cuestión capital como es la titularidad del inmueble«, expone el magistrado en la sentencia dictada el pasado 24 de marzo, un fallo que no es firme y que puede ser recurrido. Entre los argumentos para emitir el fallo, el juez expone que durante el procedimiento, la Xunta reconoció que el derecho que se atribuye sobre los antiguos juzgados no se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad, basándose su petición en que durante décadas fue la Administración autonómica la que hizo uso del inmueble por la transferencia de competencias por parte del Estado, al que el Concello cedió en su momento el suelo para la construcción del inmueble.

La sentencia no entra en el asunto de la titularidad del inmueble, al desconocer los términos exactos en los que formalizó en su momento la cesión del Estado a la Xunta, algo que debe ser dirimido en el ámbito civil, motivo por el que avala la suspensión de la licencia urbanística.

La resolución no ha sentado bien al Gobierno gallego, que a través de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, arremete una vez más contra el Concello «por un acto de mala fe para bloquear otra iniciativa y paralizar inversiones privando a los vecinos de una infraestructura necesaria y suponer un gasto de un millón para las arcas públicas», puesto que la Xunta tuvo que indemnizar a las empresas que se postularon para ejecutar el contrato de obra. Con todo, Ortiz muestra su «respeto» a la sentencia, aunque lamenta «que lo que diga es que cualquier administración pueda bloquear un proyecto alegando dudas sobre la propiedad».

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