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Extrabajadores de Alfageme, movilizados para cobrar los 5,3 millones que se les adeuda

Esta será la primera de las concentraciones y actos con el objetivo de recuperar a través del Concello su dinero

Medio centenar de antiguos empleados de la fábrica conservera, ayer frente al Concello.

Medio centenar de antiguos empleados de la fábrica conservera, ayer frente al Concello. / Jose Lores

Un nutrido grupo de más de un centenar de antiguos empleados de la histórica conservera viguesa Bernardo Alfageme comenzaron las movilizaciones para intentar cobrar a través del Concello los 5,3 millones que todavía se les adeuda entre salarios y otras deudas laborales tras el cierre de la empresa hace casi dos décadas. Ayer, en Praza do Rei y portando una gran pancarta, urgieron medidas al Gobierno local tras el cierre de la vía judicial sin haber sido recompensados.

A finales de 2022, muchos de estos afectados o sus herederos se pusieron en marcha personándose como acreedores en el concurso de acreedores de Alfageme, pero, tras liquidarse los bienes y derechos de la empresa sin verse resarcidos y después de intentar rebajar sin éxito los honorarios de los administradores concursales que ascendieron en total a 2,4 millones de euros, no lograron recuperar lo adeuda. Esta vía, la judicial, ya está zanjada tras declararse definitivamente concluso el proceso concursal hace casi un año, en abril de 2025.

Pero les queda otra: la urbanística, derivada de las gestiones que han venido realizando también estos últimos años con el Concello de Vigo. Es la que acaban de reavivar mediante una carta con fecha del pasado 13 de marzo remitida por el presidente de la asociación al alcalde en la que le solicitan que les reciba «para la búsqueda de una solución»: lo que ellos plantean es que el Ayuntamiento les adjudique el 10% del aprovechamiento del terreno de la antigua fábrica de la conservera en Bouzas para que ellos le puedan dar salida con la promoción de viviendas sociales.

Precisamente, la recuperación urbanística de ese solar sufrió recientemente un varapalo al exigir la Xunta una tramitación más rigurosa desde el punto de vista de la protección del patrimonio cultural.

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