El enredo en torno al octavo juez de Instrucción de Vigo

La última gran batalla judicial en Vigo se libró en 2025. La sorpresiva eliminación del antiguo Juzgado de Instrucción número 8 para convertirlo en el segundo de Violencia sobre la Mujer provocó una inmediata reacción. La Ciudad de la Justicia se unió contra lo que calificaron de «atropello» y finalmente se logró que el Ministerio de Justicia reaccionase y anunciase que volvería a crear la plaza. Pero la falta de nuevas noticias sobre el avance del Real Decreto y la inminente marcha de una de las juezas instructoras viguesas han vuelto a reavivar los temores a que se pierda esa octava plaza de la Sección de Instrucción, que oficialmente desapareció pero que a efectos prácticos se ha seguido manteniendo durante todo este tiempo dándole la forma de una especie de juez de refuerzo. Todo un galimatías que, lejos de resolverse, afronta ahora un nuevo enredo.

Para entender la actual situación hay que remontarse a la primavera de 2025, cuando se conoció y posteriormente se oficializó en el BOE la decisión gubernamental de suprimir Instrucción 8, algo que se hizo efectivo de forma oficial en enero de este 2026. Todos los colectivos del ámbito judicial de Vigo se posicionaron en contra con el apoyo del alcalde, Abel Caballero.

Los magistrados instructores llegaron a suscribir un acuerdo unánime en el que se confesaron «hartos» y «abandonados», donde denunciaron la «falta de respuesta institucional adecuada» en defensa de la planta judicial olívica por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y en el que, como colofón, exigieron que se dejase sin efecto la eliminación del juzgado.

Un Real Decreto con 500 unidades judiciales para toda España

La lucha tuvo sus frutos. El ministerio avanzó aquel verano que volvería a crear la plaza y este pasado 26 de enero, hace dos meses, publicaba un proyecto de Real Decreto de creación de 500 nuevas unidades judiciales en toda España «correspondientes a la programación de 2026» en el que incluyó la número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, así como otras tres para la Sección Civil.

Todas ellas necesarias «desde un punto de vista estructural» para adecuar la planta judicial «a las necesidades existentes». Ese texto legal inició en ese momento «su tramitación», según concretó Justicia en el comunicado de prensa en el que lo difundió.

Sin nuevas noticias desde entonces sobre el avance del Real Decreto, lo cierto es que a efectos prácticos en la ciudad olívica se logró mantener la plaza judicial eliminada. ¿De qué manera? Pues, a propuesta de los propios magistrados y con el aval del Poder Judicial y el Alto Tribunal gallego, el titular del eliminado juzgado número 8 quedó a disposición del TSXG y fue adscrito a la nueva Sección de Instrucción nacida en enero de la mano del Tribunal de Instancia de Vigo: ha pasado a realizar funciones de refuerzo, pero como si un titular más se tratase, encargándose de los asuntos que ya llevaba en su juzgado y de los que le entran nuevos por reparto ordinario, siguiendo también haciendo las guardias semanales.

La marcha de una jueza podría afectar a la sección

Así que a día de hoy, para entenderlo, la plaza no existe a efectos formales, pero sí en la práctica, a la espera de que se cree de nuevo de forma oficial. En el día a día nada ha cambiado y, en definitiva, parecía que el embrollo estaba resuelto. Pero esta pasada semana todo ha saltado por los aires y han vuelto a surgir los temores.

El motivo es la próxima marcha de una de las actuales juezas titulares, la que ocupa la plaza 7, que se va a otra de fuera de Galicia que le ha sido asignada en el último concurso de traslados. La decisión aún es provisional, pero se da por hecho que será confirmada por el Pleno del Poder Judicial, tras lo cual saldrá en el BOE. Al día siguiente de dicha publicación la magistrada cesará, algo que ocurrirá en un plazo máximo de dos o tres meses.

La cuestión, según ha confirmado el presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Germán Serrano, es que una vez esa jueza deje la plaza, el antiguo magistrado del 8, hoy el refuerzo que permite mantener esa jurisdicción con el mismo número de plazas que siempre, deberá irse a la 7, a la que quedará vacante.

Y ahí está el problema. «O el ministerio crea de forma oficial la plaza 8 rápido o corremos el riesgo de que nos quedemos sin el octavo juez. Lo ideal es que lo haga antes de que la magistrada del 7 cese. Porque damos por seguro que no van a nombrar un nuevo refuerzo», afirman las fuentes judiciales consultadas, preocupadas porque, desde que en enero se anunciaron las nuevas unidades judiciales para toda España, «nada se ha vuelto a saber». «No sabemos nada. Ni cómo va ese Real Decreto, ni las fechas de creación de esas plazas...», manifiestan.

Una jurisdicción en la que aumentó el trabajo

Quedarse con siete magistrados, aunque solo ocurra durante unos meses a la espera del prometido Real Decreto, afectaría de lleno a la organización de una Sección de Instrucción que ha visto como en 2025 ha crecido el trabajo: asumieron 18.176 procedimientos, por encima de los 17.773 del año anterior.

«Y la cuestión no es solo cuantitativa. Un hurto no supone gran trabajo, pero las estafas, que entran en aluvión, necesitan de mucha tramitación: oficios a entidades bancarias, comisiones rogatorias a otros países... Y por no hablar de si te entra una macrocausa de narcotráfico, que nos monopoliza todo», explican. La pérdida de un juez obligaría a reorganizar las guardias semanales, las de juicios inmediatos de delitos leves, el reparto de asuntos e incluso incidiría en la Fiscalía. Un lío sin fin.

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