El último cartucho de la eterna lucha de los trabajadores de Alfageme

Hace ya 16 años que una de las empresas más prósperas de Vigo, la histórica conservera Bernardo Alfageme, cerró definitivamente sus puertas. Fue una quiebra dolorosa, para toda la ciudad pero especialmente para los trabajadores, testigos de como aquella emblemática industria se hundió sin posibilidad de resurgir debido a la pésima gestión en sus últimos años de vida. Hoy un amplio grupo de esos antiguos empleados están unidos en una asociación para intentar cobrar los 5,3 millones de euros que todavía se les adeudan entre salarios y otras deudas laborales. Cerrada la vía judicial, tras concluir hace un año el proceso concursal sin haber sido resarcidos, sus esperanzas están ahora puestas en el Concello. Los trabajadores y los herederos de aquellos que ya fallecieron han reactivado una vez más la lucha: piden reunirse con el alcalde Abel Caballero para buscar una solución y anuncian el inicio de movilizaciones.

Ángel Sanz Domínguez preside la Asociación de Extrabajadores de Bernardo Alfageme S.A. De 71 años de edad, este antiguo jefe de ventas de Alfageme es la cara visible de la batalla que retomaron hace algo más de tres años, con el asesoramiento del abogado vigués Tomás Santodomingo, para cobrar esas antiguas deudas salariales que oscilan, por trabajador, entre los 5.071 y los casi 220.000 euros. Lo único que percibieron de aquel dinero fue lo que recibieron del Fogasa.

Cuando a finales de 2022 se pusieron de nuevo en marcha todavía estaba abierto el procedimiento derivado del concurso de acreedores de Alfageme, donde se personaron como acreedores, pero, tras liquidarse los bienes y derechos de la empresa sin verse resarcidos y después de intentar rebajar sin éxito los honorarios de los administradores concursales que ascendieron en total a 2,4 millones de euros, ellos, en sus propias palabras, no recibieron «ni un céntimo». Esta vía, la judicial, ya está zanjada tras declararse definitivamente concluso el proceso concursal hace casi un año, en abril de 2025.

La solución urbanística

Pero les queda otra vía. La urbanística, la derivada de las gestiones que han venido realizando también estos últimos años con el Concello de Vigo. Es la que acaban de reavivar mediante una carta con fecha del pasado 13 de marzo remitida por el presidente de la asociación al alcalde en la que le solicitan que les reciba «para la búsqueda de una solución»: lo que ellos plantean es que el Ayuntamiento les adjudique el 10% del aprovechamiento del terreno de la antigua fábrica de la conservera en Bouzas para que ellos le puedan dar salida con la promoción de viviendas sociales.

Precisamente, la recuperación urbanística de ese solar sufrió recientemente un varapalo al exigir la Xunta una tramitación más rigurosa desde el punto de vista de la protección del patrimonio cultural.

Los extrabajadores basan su petición en un antiguo acuerdo plenario de 2010 en el que, con la unanimidad de todos los partidos políticos, hubo el compromiso de cederles las plusvalías resultantes de la recalificación de ese solar de Bouzas, que se habían valorado en 26 millones de euros.

Al no poder materializarse en el momento actual aquella promesa, lo que se propuso como alternativa, según se explica en la carta, fue un convenio urbanístico de cesión de terrenos para el cual la Gerencia de Urbanismo les indicó, en 2024, que la única posibilidad de cesión era para una asociación sin ánimo de lucro y con la finalidad de construir viviendas de promoción pública.

Dicha asociación se constituyó y en mayo de 2025 se pidió formalmente de nuevo a Urbanismo «que se procediese a la cesión gratuita» a los trabajadores que forman parte de este colectivo «del aprovechamiento urbanístico correspondiente al 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto ARC-SUNC 237 CAMIÑO BARCIELA-ESTURÁNS-TOMÁS ALONSO de suelo urbano no consolidado que corresponde al Ayuntamiento para la construcción de viviendas de promoción pública».

Sensibilidad y vulnerabilidad

Transcurrido más de nueve meses y ante la falta de respuesta, ahora se dirigen directamente al regidor vigués: «Conociendo su especial sensibilidad en materia social y especialmente en cuanto a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de Vigo, y siendo consciente de la situación de vulnerabilidad que afecta a muchos de los miembros de la asociación que no han cobrado sus indemnizaciones por despido después de años trabajando en una empresa histórica de nuestra ciudad, me permito solicitarle de forma urgente que nos reciba para resolver nuestra situación que se extiende en el tiempo más de 15 años».

Junto a esta petición de reunión, ya solicitaron permiso a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para manifestarse en la Praza do Rei mañana lunes día 23 de marzo, «un día después del cumplimiento de los 16 años del acuerdo plenario» al que se aferran en una batalla que, pese a que se ha alargado en el tiempo, sigue muy viva.

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