Los dueños de la autopista AP-9 revelan el valor de Grupo Itínere: 1.980 millones de euros

De los 325 millones de euros que facturó Grupo Itínere en el ejercicio 2024 —el último del que hay cifras consolidadas—, el 65% fueron aportados por la concesionaria de la AP-9, Autopistas del Atlántico (Audasa), muy por delante de los ingresos de Aucalsa (AP-66), Audenasa (AP-15), Autoestradas de Galicia (AG-55 y AG-57) y Gesbisa. La autopista que vertebra Galicia de norte a sur, y que opera en régimen de monopolio al no contar con ninguna alternativa factible libre de pago, es la joya de la corona de la compañía. En lo que respecta a beneficio neto, las ganancias de Audasa (49,4 millones) triplicaron la suma conjunta de las demás sociedades. Y, si Bruselas no lo remedia, esta sociedad seguirá pariendo pepitas de oro hasta agosto de 2048.

Su accionariado está controlado por dos fondos extranjeros, que a su vez son los propietarios de Itínere. El fondo de pensiones holandés Algemene Pensioen Groep (APG) y el suizo Swiss Life son los que se reparten los títulos y, desde este pasado mes de enero, los dividendos. Más allá del valor que el grupo asigna en sus cuentas anuales a cada una de las concesiones, la tasación completa de la compañía se ha mantenido siempre bajo la sombra de la confidencialidad de acuerdos privados. Pero una notificación remitida al registro mercantil de Luxemburgo, a la que ha accedido FARO, arroja hoy luz. Porque Swiss Life, a través de una de sus filiales en el Gran Ducado, pagó a mediados de enero de 2025, más de 495 millones de euros por el 25% de Itinere.

En concreto, fueron 495.133.014,7 euros los abonados por la mercantil Swiss Life Retina BidCo., recaudados mediante una ampliación de capital desembolsada en metálico. Swiss Life, en el mismo acuerdo y como consta en esta documentación, se reservó el derecho a ampliar su peso en el accionariado hasta un tope del 45,5%, opción que ha ejecutado parcialmente al disponer a día de hoy del 37,5% del grupo. En todo caso, el importe desembolsado equivale a valorar Grupo Itínere en 1.980 millones de euros, más del doble de la deuda financiera neta de Audasa —de 1.028,7 millones de euros a cierre de junio de 2025— o casi 8 veces el ebitda de todo Grupo Itínere, que fue de 257 millones en el año 2024.

La concesionaria de la AP-9 no ha ofrecido nunca un cálculo de la indemnización que les correspondería, a su juicio, en un eventual procedimiento de rescate de la autopista, descartado con insistencia desde el Gobierno central. La única aproximación que ha aportado es la siguiente: «Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a la sociedad y por razones de interés público [...] implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de la compañía a ser debidamente indemnizada. Indemnización que, a juicio de Audasa, sería significativamente superior al importe actual de su deuda».

El peaje

Más allá del valor de la compañía en sí, la gestora de la AP-9 cuenta con una partida que no deja de engordar y que deberá ser pagada con fondos públicos al final de la concesión. Se denomina saldo de compensación, una especie de hipoteca que se creó de mano del Real Decreto 1733/2011 con el que el Gobierno selló un acuerdo con Audasa para la ampliación del puente de Rande y de la circunvalación de Santiago. Como la empresa sufragó aquellos trabajos se creó un esquema financiero para abonarle todos los importes, pero que devenga un interés del 8% anual, por ejemplo, y que habilita a la concesionaria a subir los peajes en un 1% adicional cada 1 de enero y hasta el año 2038. Este saldo se situaba a cierre del primer semestre de 2025 en más de 344 millones de euros y el propio Ejecutivo estima que podrá superar los 1.100 millones.

El Gobierno actual tuvo en su mano pagar de una tacada esta hipoteca hace ya tres años, lo que habría permitido anular ese incremento extra de las tarifas. Fue una propuesta rechazada por el Consejo de Ministros.

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