De la carta de emplazamiento a la multa: las vías de Bruselas para forzar el rescate de la AP-9
En una eventual doble sentencia favorable a la extinción de la concesión, el Tribunal de Justicia podría imponer o el pago de una suma a tanto alzado o una sanción coercitiva
Peajes en la autopista AP-9 / Marta G. Brea
La Comisión Europea, a través de una carta de emplazamiento, llamó la atención a España por primera vez sobre la prórroga de la concesión de la AP-9 —validada por el Gobierno de José María Aznar— en septiembre de 2021. Abrió entonces el expediente de infracción [INFR(2021)4052], ratificado en abril de 2024 tras haber considerado inválidas las explicaciones de Madrid. Es parte del proceso dentro de este tipo de expedientes, que continúa con la emisión de un dictamen motivado, que España recibió el pasado mes de julio.
Este dictamen equivale a una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación. Si el Estado persevera en su negativa, y como parece que sucederá en este caso, la Comisión puede optar por remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ). En caso de que el TJ, en una sentencia declarativa —sirve para dar certeza jurídica—, apreciara que España ha infringido la ley, el Gobierno podría adoptar o no medidas para corregir su posición. En caso negativo, y después de nueva carta de emplazamiento, Bruselas podría acudir de nuevo a los tribunales. Sería en este punto, y a propuesta de la Comisión, que el Tribunal Europeo podría imponer a España el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.
Según el criterio de la Comisión Europea, «el verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por 25 años era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable», como incidía un informe firmado por el entonces Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, al que tuvo acceso FARO. De esta manera certificaba que no sólo no se garantizó «la transparencia e igualdad de trato a los licitadores» en este contrato de explotación, sino que se hizo para maximizar el precio en la privatización de Audasa y su matriz Enausa llevada a cabo por el Gobierno de Aznar.
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