La Fiscalía de Vigo pide 4 años de prisión para los responsables de la academia Vive Formación por estafa
Sus cursos no eran ni «oficiales» ni «homologables»
Pide indemnizar el daño moral de los estudiantes por el «tiempo invertido» y «perdido» en su formación
Sede en Vigo de la extinta academia Vive Formación, en calle Areal / FdV
Un curso para el control de plagas, otro de maquinista de retroexcavadora, de coolhunter, de carnicería, de auxiliar de guardería, de prótesis dental, de adiestramiento canino... Daba igual el tipo de formación que buscase el usuario, la academia Vive Formación, ubicada en la calle Areal de Vigo, la ofrecía.
El problema llegó cuando el centenar de estudiantes fueron a homologar sus títulos ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): no eran oficiales. Todos se quedaron sin sus certificados de profesionalidad... y sin dinero. Tampoco podrán recuperar el tiempo perdido estudiando.
Por todo ello, la Fiscalía del área de Vigo ha solicitado una pena de 4 años de prisión para cada uno de los tres responsables de la empresa; su presidente y director financiero, el vicepresidente y director de formación, y el vicesecretario y director de márketing, por sendos delitos continuados de estafa. También figura como acusada la mercantil principal «Educación y Desarrollo Consultores S.L.», para la que el fiscal pide una multa de 200.000 euros.
Cursos de 2.000 euros
En cuanto a la responsabilidad civil, ésta supera los 100.000 euros para hacer frente al curso abonado por los clientes pero también para indemnizar su daño moral causado por el tiempo «invertido» y «perdido» en su formación.
A mayores pide declarar la ineficacia de cualquier contrato con las financieras que suscribieron créditos con los alumnos por los cursos, que superaban en la gran mayoría de casos los 2.000 euros.
El objetivo: «captar clientes»
Según se recoge en el escrito de acusación, los responsables de Vive Formación hicieron creer a los clientes que la academia era un «centro oficial», autorizado por el Ministerio de Educación y homologado por la Consellería. Todo con el objeto de «captar clientes, incrementar el número de alumnos y en consecuencia, ganar más dinero».
Incluso, siempre según se recoge en el escrito de Fiscalía, los comerciales y tutores de los cursos se encargaban de indicar a los usuarios que la superación de los cursos «implicaba la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad o titulación oficial». A mayores, «simularon» también «algún tipo de formación docente» aparentando que se trataban expertos en las materias cuando en la mayoría de los casos «se trataba de guías para la navegación por las plataformas online».
Mientras muchos de los afectados no pudieron homologar sus cursos, otros tantos no pudieron siquiera terminarlo porque la empresa quebró sin haberlos avisado, suscribiendo contratos a pesar de que «la formación no podría darse».
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