La falta de personal y la reubicación en la Ciudad de la Justicia «atascan» la nueva oficina judicial de Vigo
La junta de personal urge a la Xunta más funcionarios, especialmente para el servicio común de ejecución, que «camina hacia el colapso»
El traslado de los trabajadores a otras mesas para que estén juntos los equipos y grupos de trabajo todavía no se ha materializado
Una de las oficinas de la Ciudad de la Justicia de Vigo, que debe adaptarse a las necesidades del nuevo modelo judicial. / Marta G. Brea
A falta de apenas dos semanas para que se cumpla el plazo de tres meses que se acordó para la implantación gradual del Tribunal de Instancia de Vigo, la cuestión está aún «verde», en palabras de muchas de las personas implicadas en el cambio. La puesta en marcha de la nueva estructura judicial que sustituye a los ya antiguos juzgados unipersonales y estancos no está siendo fácil. El último de los retos que está sobre la mesa es reubicar a los funcionarios integrantes de los distintos servicios comunes (tramitación, ejecución y general) de la oficina judicial que está al servicio de los más de 40 magistrados vigueses. La reforma parece haberse atascado en este punto. «Es muy importante que todo el mundo esté cuanto antes situado donde le corresponde. Es básico para que los distintos grupos de trabajo estén adecuadamente dirigidos y compartan información, conocimiento y, en definitiva, puedan empezar a trabajar en condiciones», resumen las fuentes consultadas.
En la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de la pasada semana uno de los puntos del día fue el acuerdo del presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Germán Serrano, convalidando y autorizando la propuesta de ubicación de los funcionarios integrantes de los equipos y grupos de trabajo de los servicios comunes de tramitación y de ejecución.
Aunque ya hay funcionarios que han cambiado de sitio, falta el grueso de los traslados. La idea provisional es que los funcionarios que hagan labores de ejecución, por ejemplo, se ubiquen en las oficinas de la parte de atrás de la gran torre entre las plantas 7 y 14. Los de tramitación estarían en la zona delantera, la existente justo a la salida de los ascensores de uso del público en general, aunque no trascendió cuántos piso ocuparán.
«Deberíamos estar ya organizados de esta manera antes de que concluya marzo», indican las fuentes citadas. «A día de hoy muchos trabajadores están separados de los letrados que forman parte de sus áreas y los equipos tampoco están juntos, lo que no permite trabajar adecuadamente», indican.
El área civil, «infradotada»
A la espera de que la cuestión de la reubicación avance y se clarifique, precisamente este jueves la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Pontevedra celebró una reunión en la que se acordó urgir a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta que dote a Vigo de más funcionarios, poniendo el foco en el Servicio Común de Ejecución. Este servicio se encarga de dar cumplimiento a las sentencias y demás resoluciones judiciales y está formado por un total de 64 personas: 54 funcionarios y 11 letrados de la Administración de Justicia.
El problema está concretamente en el área civil (en la que se integran también social y contencioso-administrativo), donde están destinados 27 de los funcionarios, ya que los 22 restantes se dedican al ámbito penal. «El área civil está infradotada y va camino del colapso», advierte el presidente de la junta de personal, Roberto Fariña, que hace hincapié en la necesidad de que haya «unidad de acción» de todas las organizaciones sindicales y operadores jurídicos en todas las demandas relativas al Tribunal de Instancia de Vigo.
«Es imperioso que se amplíe el personal de funcionarios destinados a este servicio común con más trabajadores, pero mientras tanto, y a la vista del colapso que claramente ya se puede observar, se deben nombrar funcionarios de refuerzo», recoge el acuerdo de la junta de personal remitido este jueves a la Xunta, en el que se abordan más cuestiones de esta reforma judicial y en el que se solicita también la creación de un «grupo de plazas de funcionarios» que puedan hacer funciones de apoyo en los distintos servicios comunes en supuestos como bajas laborales, excedencias u otras contingencias.
Nuevos magistrados sin apenas funcionarios
Los sindicatos advierten asimismo de la problemática de que se estén creando nuevas plazas de jueces sin un aumento adecuado de funcionarios. Para el segundo magistrado de Violencia sobre la Mujer solo se nombró a un trabajador y en el caso de la jueza de refuerzo de la Sección Civil la Xunta finalmente ha destinado a dos tras las demandas efectuadas.
Antes de la reforma, un nuevo juzgado suponía que junto a un magistrado, llegaban un letrado judicial y un grupo de ocho funcionarios. Y los sindicatos recuerdan también la necesidad de que los trabajadores estén correctamente habilitados en las distintas aplicaciones y herramientas informáticas. Aunque la mayoría ya lo están, aún hay algunos incidencias y «la lentitud observada en este punto no hace más que agravar el problema».
Un equipo centrado en subastas judiciales y ejecuciones hipotecarias
El nuevo modelo judicial apuesta por la especialización. Y, por citar un ejemplo, uno de los equipos de trabajo del área civil del Servicio Común de Ejecución de Vigo se encargará de las ejecuciones hipotecarias así como de tramitar todas las subastas de la oficina judicial (incluidas las del área penal), desde que se acuerda su celebración hasta su finalización. Las subastas se celebran online desde hace años.
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