La Audiencia de Vigo allana la vuelta a Nepal de los tripulantes del «Karar» seis años después

Una de las muchas singularidades del macroproceso del «MV Karar», un caso que protagonizó un eterno juicio y una sentencia que se conoció hace solo dos meses, fue la situación en la que quedaron los 14 tripulantes de Bangladesh y de Nepal del buque que transportaba las 3,8 toneladas de cocaína. Tras cumplir el máximo de cuatro años de prisión provisional que contempla la ley, los marineros fueron excarcelados ya iniciada la vista en abril de 2024, viéndose obligados a permanecer en España para asistir a las sesiones del juicio y, después, para esperar a la resolución judicial notificada este enero. Excepto el capitán y otros tripulantes bangladesíes que se fugaron de España hace ya meses, el resto continúa a día de hoy residiendo en Vigo y su entorno. Pero, seis años después de que fuesen detenidos en el abordaje en alta mar del barco con el abultado alijo, la vuelta a sus casas ya parece estar más cerca.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, dictó recientemente un auto judicial en el que declara firme la sentencia con respecto a los tripulantes de Nepal, como había solicitado expresamente su abogado Alfredo Rodríguez.

Todos confesaron su culpabilidad en el juicio, de manera que las magistradas les impusieron 6 años y un día de cárcel, pero dado que ya cumplieron el máximo de prisión preventiva (desde que fueron detenidos el 25 de abril de 2020 hasta que en el mismo mes de 2024 quedaron en libertad provisional) se les sustituye dicha pena por su expulsión del territorio nacional.

Un previsible aluvión de recursos

La firmeza de la sentencia solo se ha declarado con respecto a ellos, ya que en el caso del resto de los encausados todavía ni siquiera finalizó el plazo para presentar recurso de apelación (fuentes cercanas al caso explicaron que falta por notificar personalmente el fallo a alguno de los condenados). Se da por hecho que la mayoría de estos sentenciados, entre ellos Juan Carlos Santórum Navazas y sus estrechos colaboradores, recurrirán sus condenas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Habrá que ver además si también apela la Fiscalía, ya que, frente a las tesis del Ministerio Público, las juezas rebajaron de organización a grupo criminal la unión del arousano con sus compinches y no vieron pruebas de que prepararan ni de que fueran los destinatarios finales de la droga: su función, concluye el fallo judicial, iba a ser la de salir al encuentro del «MV Karar» con lanchas rápidas para después trasladar y ocultar en tierra la cocaína alijada.

Pues bien, volviendo a la situación de los tripulantes de Nepal, la firmeza que con respecto a ellos ha acordado la Audiencia allana sin duda el regreso de todos ellos a su país. Pero aunque los marineros celebraron esta decisión, máxime teniendo en cuenta que llevan casi dos años en libertad en una situación compleja al carecer de medios económicos, vivienda estable y sin apenas conocer el idioma, esa expulsión no parece inminente, ya que ahora está a la espera de los trámites administrativos que dependen del Gobierno y de la Policía Nacional.

Falta de cauces diplomáticos entre España y Nepal

«No es algo automático. Al no haber un cauce diplomático de España con Nepal como sí existe con otros países, la cuestión se puede alargar y complicar en vía administrativa. Hay cuestiones que hay que garantizar y todo eso suma tiempo y dificultades», afirma el abogado de los nepalíes.

La expulsión decretada en sentencia supone que hay que garantizar que los condenados vuelan a su país, algo que tiene que estar controlado en todo momento desde que salen a España hasta que llegan a su destino, y que una vez en Nepal se les garantice la libertad y no sean enviados a prisión por las autoridades de dicho territorio, ya que la pena de cárcel ya la han cumplido en España.

En un «limbo legal» y en «situación de indigencia»

La libertad que se decretó en 2024 para estos marineros los puso en una situación del todo excepcional. Sus abogados llegaron a pedir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se les concediese un permiso de residencia temporal para acceder a servicios básicos y poder trabajar durante su estancia en Vigo, que se alargó sobremanera en el tiempo ya que el juicio duró casi un año y hubo que esperar otro más por la sentencia.

«Se vieron en un limbo legal. Obligados a vivir en la indigencia», denunciaron sobre una situación que, si ahora no se atasca demasiado administrativamente hablando, puede estar ya tocando a su fin.

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