Un matrimonio afronta prisión por construir una vivienda «prohibida» en San Miguel de Oia

Un matrimonio de Vigo afronta dos años de prisión por construir supuestamente una vivienda ilegal en San Miguel de Oia. Junto a la pareja, está acusado el padre de ella, que se enfrenta a idéntida pena de cárcel. La Fiscalía, que atribuye a los tres la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, solicita también multa y que se ordene la «completa demolición» de dicha casa y de una edificación auxiliar, dejando el terreno en el estado en el que se encontraba antes de construir estos inmuebles. El juicio estaba fijado para este jueves en la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, pero se aplazó para otra fecha.

La Fiscalía relata en su escrito de conclusiones provisionales que en virtud de escritura pública otorgada en septiembre de 2017, el matrimonio adquirió una parcela sita en la carretera Igrexa-Roteas, en San Miguel de Oia. Según el catastro el terreno figuraba inscrito a nombre de ambos esposos, con una superficie de 989 metros cuadrados: era de clase rústico de uso agrario, en su mayor parte labradío secano, y en una pequeña parte viña secano.

El tercer acusado es el padre de la mujer y titular catastral de otra parcela colindante con la anterior, de casi 1.400 metros cuadrados e igualmente de clase rústica de uso agrario, con la particularidad de que en este solar existía un pequeño almacén.

Unión de las dos parcelas

Pues lo que sostiene el Ministerio Público es que el matrimonio «de pleno acuerdo» con este familiar eliminó la valla metálica divisoria entre ambas parcelas, de manera que el 19 de agosto de 2018 «ambas formaban físicamente una sola finca y se había construido una edificación auxiliar en el extremo nordeste del terreno en cuestión»,  iniciándose en esa época supuestamente la construcción de una vivienda unifamiliar de unos 76 metros cuadrados ubicada en el medio de las dos parcelas catastrales, «parte sobre una de ellas y parte sobre la otra».

«La edificación en cuestión se estaba construyendo en marzo de 2019», concreta el fiscal. En ese momento, describe, se habían levantado las paredes de la fachada, que estaba en ladrillo, sin revestir, con huecos para ventanas pero todavía sin carpintería de ningún tipo y sin cubierta. «En aquellas fechas había andamios junto a las indicadas fachadas, según se puede comprobar en la aplicación de Google Maps, Street View, correspondiente a dicha fecha», detalla. Posteriormente, transcurrido un año, la casa ya disponía de cubierta a dos aguas en teja cerámica.

Demolición valorada en 12.400 euros

La vivienda fue detectada, al igual que la edificación auxiliar, por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia (APLU) en una inspección realizada el 8 de febrero de 2022. En dicho momento la casa ya estaba «exteriormente rematada», incluida la pintura y las persianas. Las obras realizadas se valoraron en 81.091euros y, a juicio de la acusación pública, «carecen de cualquier tipo de licencia o autorización», motivo por el cual la APLU declaró las obras ilegalizables y ordenó su demolición, cuyo coste ascendería aproximadamente a 12.400 euros, cantidad que en caso de condena deberían pagar los acusados.

«El suelo en el que asienta la parcela está clasificado como suelo no urbanizable de protección agrícola, según Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vigo de 1993, de aplicación tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que declaró la nulidad del PXOM de 2008. Además, con arreglo al Plan de Ordenación del Litoral (POL), la parcela está incluida en la zona de ordenación. Dada la indicada clasificación del suelo, las obras objeto de este procedimiento están prohibidas», resume el fiscal.

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