Los usuarios del Puerto de Vigo urgen un puesto en el consejo «aunque sea sin voto o sin cobrar dietas»

El sistema portuario español moderno quedó estructurado bajo la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Fue transformadora. Y debía serlo, además: tenía que actualizar normativas nada menos que de los años cincuenta — como la Ley de ordenación y renovación de la flota mercante— e incluso derogaba preceptos de la Ley de Puertos de 1880, La Ley de fletes de 1932 o de Prohibición de venta a extranjeros de buques mercantes nacionales (1931).

Fue con esta ley con la que se fijó la composición y tareas de los consejos de administración: además de presidente, vicepresidente y el director, este órgano podía tener hasta 20 vocales. El número se amplió con la reforma de 1997, hasta un tope de 22 vocalías, pero éstas quedarían reducidas a un máximo de 13 —a excepción de las autoridades portuarias insulares— tras la modificación de 2011, en plena crisis económica.

Así que son 13 los vocales, a día de hoy, en el consejo de la Autoridad Portuaria de Vigo, además del presidente (Carlos Botana), el vicepresidente (miembro nato, el capitán marítimo Manuel Ángel García) y el director (Rubén Martín). La Federación de Usuarios del Puerto, que representa «a cerca de 600 empresas» que generan más de 30.000 puestos de trabajo, y que acaba de elegir a Eloy García Alvariza para la presidencia, está fuera. Su reclamo para lograr tener presencia es histórico y recurrente, pero la entidad está dispuesta a contar con un asiento «con voz pero sin voto» y «sin cobrar dietas» —han explicado a FARO fuentes directas de esta asociación— si ello facilita que se cumpla su petición, habida cuenta de la extrema dificultad política y administrativa para la reforma de la Ley, atascada en el Congreso desde hace dos años. A día de hoy, y para que la Federación pudiese entrar en el consejo, haría falta la renuncia de alguna de las administraciones o entidades que tienen la potestad para nombrar vocalías.

En virtud de la normativa en vigor, la Administración General del Estado nombra tres vocales —David Regades, Juan José Vázquez Seijas y Obdulio Serrano—, por los cuatro de la Xunta —Luisa Sánchez, Ana Ortiz, Pedro Rojo y el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera—. También están representados el Concello de Vigo (Abel Caballero), el de Redondela (Digna Rivas), la Cámara de Comercio (José García Costas), la patronal de Pontevedra CEP (Jorge Cebreiros), el sindicato CC OO (Alejandro Alonso) y la pesca (Javier Touza). En puertos como el barcelonés, por ejemplo, la Generalitat cedió uno de sus puestos en favor de «asociaciones de interés económico», y una propuesta en la Cámara baja de ERC también planteó la posibilidad de dar más presencia a municipios y empresas, pero no pasó del papel.

A juicio de esta Federación de Usuarios del Puerto, la reforma de la ley posibilitaría el «garantizar una representación adecuada de las empresas que desarrollan su actividad en el puerto y contribuiría a mejorar la gobernanza y la toma de decisiones estratégicas». El aspecto del no cobro de dietas es relevante por cuanto la última reforma en la Ley, la de 2011, se promulgó precisamente por cuestiones económicas, cuando desde Madrid se lanzaron distintas iniciativas para el adelgazamiento de la estructura y costes del Estado.

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