«O Chioleiro» afronta 33 años de prisión por el crimen de la maleta de Vigo

Este domingo se cumplieron dos años desde el hallazgo, en un solar abandonado en la calle Espedrigada cerca del estadio de Balaídos de Vigo, de una maleta con el cuerpo de una mujer dentro. Ese caso, que se acabaría conociendo como el del crimen de la maleta, derivó en la detención e ingreso en prisión provisional de José Manuel Durán González, «O Chioleiro», un sexagenario con dos crímenes a sus espaldas sucedidos en el municipio pontevedrés de A Lama.

A día de hoy, el procedimiento judicial está próximo a juicio. Aún no hay fecha, pero el magistrado de Violencia sobre la Mujer ha dado trámite a las partes para que presenten sus escritos de conclusiones provisionales. Y la Fiscalía y la acusación particular lo acaban de formalizar: la acusación pública solicita 33 años de prisión y la privada pide 28 años al acusarle de un delito de asesinato con alevosía y de otro continuado de estafa. Las circunstancias agravantes que se plantean son las de género, reincidencia y parentesco, sin ninguna atenuante.

De 68 años y con un historial delictivo que incluye la muerte violenta de su abuela en 1988 y la de su amiga Alicia Rey en 2004, en el crimen de la maleta volvió supuestamente a usar un arma blanca para acabar con la vida de otra mujer, María del Carmen Bento Domínguez, de 60 años y natural de Celanova (Ourense), si bien llevaba tiempo asentada en Vigo en situación de exclusión social.

La acusación particular, que representa a la familia de la fallecida, pide, además de la pena de prisión, que se prohíba a «O Chioleiro» residir en el lugar en que ocurrieron los hechos por tiempo de cinco años contados a partir de la pena privativa de libertad, así como que, durante el mismo período, no pueda aproximarse a la hija, la madre y los tres hermanos de la fallecida, para los que se solicita una indemnización que, en total, suma 180.000 euros. En el caso del Ministerio Público, la solicitud de responsabilidad civil planteada alcanza los 193.000 euros.

Una «relación de pareja»

La acusación particular arranca su relato señalando que el acusado mantuvo una «relación de pareja» con Carmen, «con la que convivió primero como 'okupas' en una finca» y posteriormente de alquiler «compartiendo habitación y cama» en un piso que funcionaba como pensión en el número 83 de la avenida de Fragoso. Concretamente en el 5º izquierda, donde presuntamente acabaría ocurriendo el crimen.

«No solo compartían habitación, sino que hacían el resto de la vida en común, y además el propio acusado manifestó en varias ocasiones a diversas personas que la víctima era su 'novia' e incluso llegó a decir que era su 'mujer'», señala el escrito. Aunque el caso se llevó inicialmente en un juzgado de instrucción ordinario, finalmente se hizo cargo el de Violencia sobre la Mujer, algo que apeló la defensa sin éxito ya que su recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por los indicios que sustentaban que la relación entre el procesado y la víctima «tenía el componente exigido de la afectividad».

Dos de las puñaladas eran de «consideración»

El crimen, en base a la investigación policial y judicial realizada, ocurrió el 14 de septiembre de 2023. La acusación particular concreta que en torno a las 23.00 horas, estando ambos junto en la habitación de la citada pensión, que compartían en régimen de alquiler, el acusado supuestamente le clavó «un cuchillo o un arma blanca similar» a Carmen cuando ella estaba en la cama, «inflingiéndole al menos cinco heridas cortopunzantes» con ánimo «de acabar con su vida», siempre según el referido escrito. Las de mayor consideración fueron las que la víctima recibió en el tórax, una en la clavícula izquierda y otra en ese lado del esternón, «que afectaron a estructuras vitales», derivando en la muerte de la mujer por un shock hipovolémico.

La Fiscalía concreta que junto al ataque con el cuchillo, el investigado habría agarrado previamente fuertemente del cuello «a modo de estrangulamiento» a la mujer, concretando sobre las dos cuchilladas del tórax que una se dirigió al pecho y alcanzó el corazón.

Las acusaciones coinciden en que la víctima no tuvo una oportunidad de defensa eficaz. La particular narra que el acusado cometió supuestamente esta acción en la «esfera íntima de la habitación», que constituía el domicilio «en el que convivía con la víctima», y estando ella tendida en la cama, «lo que dificultó que María del Carmen pudiera reaccionar, defenderse o escapar del ataque, no pudiendo más que causar algunos arañazos en el brazo al acusado, tratando de repeler la agresión y gritar pidiendo auxilio», lo cual no habría impedido que el procesado continuara y «acabara con la vida» de la mujer. El fiscal señala que le víctima estaba a solas con el acusado «y él sin aviso y sin que fuera previsible la agarró del cuello no permitiendo ya que se levantara de la cama», agregando que el uso del cuchillo «que le clavó al menos en dos ocasiones antes de acabar con su vida» impidió toda reacción.

Cargos de la tarjeta bancaria de la fallecida

Junto al asesinato, la acusación se dirige también por la presunta comisión de un delito de estafa porque «O Chioleiro» se habría apropiado de la tarjeta de crédito de la víctima para realizar pagos en los meses posteriores al asesinato (entre el 15 de septiembre y el 23 de diciembre) por compras en una farmacia, un supermercado, una cafetería, una estación de servicio o, para una deuda por la compra de un sillón. La Fiscalía cifra el total de dinero dispuesto en 1.813 euros.

El crimen no salió a la luz hasta que el 22 de febrero de 2024 fue hallada la maleta con el cadáver en su interior. La colaboración vecinal, al recordar el terrible mal olor que había habido en la zona de Fragoso meses antes, fue clave para la resolución del caso, que derivó en la detención del hoy acusado, que fue enviado a prisión el 1 de marzo de 2024.

La instrucción judicial se centró en los últimos meses en el informe forense sobre el estado de salud mental de «O Chioleiro», a quien por el crimen de su abuela a finales de los años 80 se le había apreciado una eximente de enajenación mental y había cumplido la medida impuesta en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Las médicas forenses del Imelga de Lugo que lo exploraron recientemente por orden judicial y tras la petición planteada por la defensa concluyeron que a día de hoy sí padece un trastorno de la personalidad, pero no una patología mental o psicosis.

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