La Diócesis de Vigo rechaza la Ley contra la multirreincidencia: «Desprotege a las personas pobres en contexto de exclusión»
El cura Juan Antonio Terrón, responsable en Vigo de la Pastoral Penitenciaria Gallega, cree que es preferible reforzar la prevención

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, impulsores de la Ley de multirreincidencia. / Gabriel Luengas - Europa Press
La Ley contra la multirreincidencia que aprobó recientemente el Congreso, impulsada principalmente por Junts, pretende endurecer las penas contra quienes cometen delitos leves de manera continuada. Son pequeños robos, hurtos o estafas de poco valor que podrán acarrear hasta tres años de prisión cuando existan al menos tres delitos de la misma naturaleza.
El responsable en Vigo de la Pastoral Penitenciaria Gallega, Juan Antonio Terrón , señala que están en completo desacuerdo con su aprobación porque «desprotege a los más desfavorecidos». La entidad eclesiástica que coordina se preocupa de que los presos puedan mantener el contacto con las instituciones religiosas, se confiesen o incluso asistan a misa.
Esta mañana la Diócesis emitió un comunicado expresando su preocupación por la vulnerabilidad a la que pueden quedar expuestas. «Nuestra experiencia en prisión nos muestra que muchas de estas situaciones no responden a una delincuencia organizada, sino a contextos de pobreza, exclusión, adicciones o falta de oportunidades», reflexionan.
El padre Terrón parte de un deseable cambio de sistema: «Desde hace muchos años, la Pastoral Penitenciaria, junto con otras organizaciones que trabajan en prisión, apostó por menos cárcel y más medidas alternativas. En algunos casos, puede parecer inevitable, pero creemos que para muchas conductas existen otras respuestas que ya están inventadas», dice. La reforma es para él desproporcionada.
Se desmarca de pensar que todas las personas que cometen ese tipo de hurtos pertenezcan a redes criminales organizadas: «Puede haber casos, pero en muchos otros hablamos simplemente de casos de supervivencia», indica.
El sacerdote cree que la nueva Ley va a complicar más el acceso a la vida alejada del crimen a muchas personas. «Esta reforma implica la adquisición de antecedentes penales que dificultan poder tener un empleo, la regularización administrativa en el caso de personas extranjeras y otras dinámicas básicas para rehacer una vida», indica.
Para la Iglesia la clave es reforzar las políticas de prevención, así como pensar en alternativas a la entrada en la cárcel. Terrón recuerda que incluso sindicatos de funcionarios de prisionesadvirtieron de las consecuencias prácticas de la reforma: «Hace unos días se decía que una medida como esta solo sirve para repoblar las cárceles, hacerlas inhabitables por la masificación y aplicar una respuesta que tiene poco sentido».
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