Cuenta atrás para que entre en vigor la regulación específica en Vigo para las viviendas vacacionales: «Queremos equilibrio entre turismo e vida cotidiana»

El Concello de Vigo dio esta mañana un paso clave en su afán de establecer una regulación específica para los alojamientos vacacionales con la aprobación inicial de la denominada ordenanza municipal reguladora de la implantación, intensidad y funcionamiento de las viviendas y apartamentos de uso turístico, un texto que salió adelante con los votos a favor del gobierno local y que se encontró con la negativa de PP y BNG.

«Queremos un equilibrio entre turismo e vida cotidiana, ordenar e racionalizar a implantación destas vivendas e facelas compatibles co uso residencial», puso de manifiesto la edil de Urbanismo, María José Caride, encargada de defender por el PSOE las bondades de la nueva normativa, activándose ahora la cuenta atrás para su entrada en vigor tras el plazo de exposición pública que se abrirá en los próximos días. La concejala explicó las líneas maestras del texto, en sintonía con las directrices que contempla el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), después del bum de viviendas turísticas registrado en los últimos años «que afecta ó acceso á vivenda habitual e a convivencia veciñal ó tensionar prezos», recordando que la jurisprudencia avala que este tipo de inmuebles deben ser considerados como de uso terciario e hostelero con fines económicos y que su configuración facilita que se puedan derivar a una actividad residencial de larga duración sin dificultad.

El contenido de la ordenanza, que no ha incluido las alegaciones presentadas por PP y BNG, contempla entre otras cuestiones que los pisos turísticos únicamente se puedan implantar en edificios de uso completo o con circuitos diferenciados para el acceso de los huéspedes y que, en ningún caso, puedan habilitarse cuando en la planta inmediatamente inferior existan viviendas de uso habitual. Tampoco tendrán permiso aquellos inmuebles con algún tipo de protección o que hayan recibido ayudas públicas para su rehabilitación y el Concello se atribuye la potestad de limitar su implantación en calles, áreas o barrios.

La oposición, por su parte, no está nada conforme con el resultado pese a coincidir en la necesidad de establecer una regulación. «Vuelven a llegar tarde y solo escuchándose a sí mismos», criticó la presidenta del PP en el Concello, Luisa Sánchez, en su estreno como portavoz del grupo municipal. La popular criticó el rechazo a las enmiendas de su formación, que planteaba cuestiones como establecer un régimen transitorio o que se analizase regularmente su impacto. Insistió en que el gobierno local «solo busca una cortina de humo para no hablar de que lleva 18 años sin política de vivienda» y llegó a decir que uno de los objetivos «es la expropiación regulatoria encubierta» de determinados inmuebles.

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, cuestionó el proyecto normativo «porque despois de moita expectación, o que fan é un exercicio de simulación normativa, pretendendo facer crer que meten en cintura este problema, pero non». El nacionalista apuntó a que las más de 2.000 viviendas turísticas registradas en Vigo «son resultado da política de brazos caídos deste goberno ó non facer inspeccións nin cotexar o seu título habilitante», concluyendo que «estamos ante unha regulación laxa, banal e sen ferramentas reais cando necesitabamos unha ordenanza valente».

Cambios urbanísticos

El pleno de febrero debatió también otro texto de carácter urbanístico, en este caso la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tramitación de licencias urbanísticas, que salió adelante en su caso no solo con los votos del PSOE, sino también con el respaldo de los cinco concejales del PP, posicionándose en contra el BNG. María José Caride explicó que la normativa «pretende dar claridade e comprensión» en la concesión de permisos urbanísticos con un «claro obxectivo, que non é outro que reducir os tempos mellorando a información a todo o sector». Para ello, se contempla la simplificación de determinados trámites eliminando la solicitud de licencia y de apertura previa en una buena parte de supuestos, sustituyendo este paso por una comunicación previa. Todo ello, según Caride, adaptándose a la legislación autonómica.

El concejal del PP Miguel Martín, defendiendo el «si crítico» de su partido, apuntó que la ordenanza llega tarde, asegurando que debía haber sido validada hace nueve años. «A vixente está obsoleta e provocando un marco confuso e arbitrario, non cumpriron», señaló Martín. Añadió también que otro de los problemas es la «falta de medios humanos e técnicos» en la Gerencia de Urbanismo, un argumento que también utilizó el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, hablando de «colapso» y entendiendo que la ordenanza aprobada «suporá baixo o disfraz de axilizar un debilitamento das garantías e a pretensión de impoñer unha barra libre de licenzas e autorizacións, deixar facer e despois comprobaremos».

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