Los fondos de inversión APG y Swiss Life ya se reparten los beneficios de la AP-9

El que envuelve a Autopistas del Atlántico (Audasa) es un conglomerado empresarial muy complejo. Un galimatías. A saber, la concesionaria de la AP-9 pertenece a ENA Infraestructuras, que a su vez es 100% de ENA Itínere, que es al completo de Itínere Infraestructuras. Pese al embrollo, Audasa es la baliza brillante, la principal referencia del grupo en cuanto a volumen de negocio e ingresos. Fue ENA Infraestructuras la sociedad que fue privatizada en el año 2003, en tiempos de José María Aznar, por importe de 1.622 millones de euros.

Buena parte de los beneficios generados por la AP-9 desde entonces —con tráfico y peajes crecientes— se han destinado a saldar la deuda que se contrajo en la privatización: siempre ha repartido dividendo —570 millones de euros en la última década, de hecho—, pero éste no llegaba a los dueños últimos de Itínere porque primero tenían que amortizar el principal y los intereses. Esto ya ha cambiado, como ha divulgado el diario Expansión, y los titulares de la única vía de alta capacidad que recorre Galicia de norte a sur ya se distribuyen esta caja.

El acuerdo

En sesión extraordinaria, la junta de accionistas de Itínere acordó la distribución de casi 110 millones de euros (en concreto, 109.495.653,48 euros) con cargo a sus resultados, y que han ido a parar a dos fondos de inversión que se reparten casi al completo la titularidad: el Algemene Pensioen Groep (APG) y Swiss Life Retina BidCo. Ambos gestionan carteras milmillonarias que nacieron de la búsqueda de rendimiento para los fondos de trabajadores públicos neerlandeses y de seguros de vida de Suiza.

No son firmas que invierten en activos de riesgo o distressed y proyectan una permanencia a largo plazo como propietarios de Itínere, por más que la Comisión Europea haya ratificado formalmente que la prórroga de la concesión, que fue precisamente de la mano de la privatización, fue ilegal al contravenir la directiva comunitaria. En cada documento que Audasa o Itínere distribuye entre sus socios, inciden en que un eventual rescate de la autopista conllevaría, en su favor, una indemnización superior al importe de su deuda financiera neta, que supera los 1.000 millones de euros. A día de hoy, la caducidad de la AP-9 está fijada para el año 2048.

A falta de disponer de las cifras del año completo de 2025, cerca cuatro de cada 10 euros que factura la concesionaria de la autopista dependen del erario público a través del sistema de bonificaciones —articulado en base al Real Decreto 681/2021—, peajes en sombra y las ayudas temporales desplegadas para reducir el alza de tarifas en el año 2022 (RD 20/2022). Entre enero y junio este importe rebasó los 41,6 millones de euros, de unos ingresos totales de 105,56 millones. Solo el desembolso del Estado en bonificaciones se incrementó en un 61% en comparación con el primer semestre del año pasado, mitigando así además la progresiva desaparición de los efectos del real decreto de 2022.

Además de la AP-9, Itínere posee Autoestradas de Galicia (AG-55 y AG-57), Aucalsa, el 50% de Audenasa o la AP-8 de Euskadi.

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