La enfermedad de un acusado provoca la cuarta suspensión del juicio en Vigo a la red de narcolanchas

La situación de baja por enfermedad de un acusado ha forzado la cuarta suspensión -tercera esta semana- del juicio contra once personas y una entidad mercantil vinculadas con una presunta red dedicada a la fabricación y transporte de narcolanchas, que después eran utilizadas en alijos en Andalucía.

Tras un receso de hora y media, el abogado del procesado que ha provocado el aplazamiento de la vista ha trasladado al tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que su patrocinado sufre una ciática y se encuentra en cama, sin posibilidad de moverse y sin conexión a internet para entrar por videoconferencia desde el domicilio.

Este acusado, que reside en Barcelona, sí había asistido de manera presencial a la vista para las cuestiones previas que se celebró a principios de mes en Vigo.

Ese día, se programó el juicio para el pasado lunes, pero entonces se ausentó un abogado por indisposición, por lo que fue aplazado el miércoles, jornada en que el mismo letrado volvió a solicitar la suspensión por no poder llegar a tiempo a la vista.

Tras acordarse el nuevo aplazamiento este jueves por la enfermedad de un acusado, este juicio, que también estaba señalado para el viernes, pasará, inicialmente, al 9 de abril y se celebrará entre ese día y el 17 -salvo sábado y domingo-.

No obstante, algunos abogados tienen programados otros juicios en esas fechas, por lo que la presidenta del tribunal les ha pedido que lo acrediten y, una vez lo hagan, resolverá si mantiene o modifica los días señalados.

La Fiscalía, que no se opuso a la suspensión del juicio este jueves, ha aprovechado para renunciar a la testifical de dos de los policías llamados a declarar.

Cuando comience el juicio en abril, primero se practicarán las testificales y los acusados declararán en último lugar, tal y como pidieron sus abogados en la sesión de cuestiones previas.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía pide para los once procesados un total de 59 años y 6 meses de prisión -las penas se sitúan entre los 2 y los 9 años de cárcel- y 94,8 millones de euros de multa.

Además, considera que los once acusados -entre ellos una mujer- y una entidad mercantil formaron parte de una estructura empresarial que de septiembre de 2020 a junio de 2022 se dedicó a la fabricación, equipamiento y transporte de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.

Según la Fiscalía, estas lanchas tenían como destino final el tráfico de sustancias estupefacientes en las costas andaluzas, tal y como se demostró a través de los dispositivos de seguimiento.

Los dos líderes acusados, Ramón S.V. y Sergio R.T., eran, presuntamente, quienes financiaban la actividad y controlaban naves industriales tanto en Vigo como en distintas localidades de Portugal. Otros acusados construían físicamente las lanchas y uno llevaba la contabilidad.

El grupo utilizaba empresas de transporte como GranxaTrans Porriño SL -acusada-, para trasladar las lanchas ocultas en camiones y remolques hacia puntos estratégicos en Toledo, Tarragona, Almería y Huelva.

Para cada uno de los dos líderes, la Fiscalía reclama siete años de prisión y una multa de 17,5 millones de euros.

Además, solicita la confiscación de todas las lanchas incautadas (algunas tasadas en más de 200.000 euros), motores, vehículos de lujo, armas y dinero en efectivo.

La investigación se apoyó en la geolocalización de miembros del grupo a través de dispositivos instalados en lanchas en construcción para seguir su rastro desde Vigo hasta Portugal y finalmente hasta alijos de droga en Huelva y Almería.