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El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

La propiedad presenta un proyecto para retomar la obra, iniciada hace dos décadas

Edificio a medio construir en el número 53 de Rosalía, pegado a un centro escolar.

Edificio a medio construir en el número 53 de Rosalía, pegado a un centro escolar. / Marta G. Brea

Vigo

Luz al final del túnel para un proyecto urbanístico que coge polvo desde hace dos décadas en una de las calles más codiciadas de Galicia: Rosalía de Castro, en pleno centro de Vigo. El edificio a medio construir que se levanta en el número 53, propiedad de Construcciones Grial, podría sortear la orden de derribo emitida por la Xerencia de Urbanismo del Concello de hace ya casi siete años, medida a la que se sumaron multas coercitivas a la propiedad para forzar la ejecución de medidas urgentes de seguridad.

El gerente de Urbanismo, José Carlos Hernández Figueruelo, en respuesta a una pregunta efectuada por la portavoz del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez, confirmó que la propiedad presentó por registro el lunes 9 de febrero un proyecto de legalización amparándose en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta de 2026, que autoriza expresamente la continuación de las obras con una condición: permite la legalización comprometiendo un porcentaje de viviendas de protección oficial.

Figueruelo concreta que el proyecto planteado sí cumple este requisito. Si se aproxima la lupa a la normativa autonómica, en vigor desde el 1 de enero, se entiende este cambio de escenario. Recoge una modificación del artículo 41 de la ley del suelo de Galicia: los límites de superficie edificable aumentan un 20% en terrenos urbanos cuando por lo menos el 60% de la superficie del sector se destine a la construcción de vivienda protegida, «con independencia de las limitaciones de edificabilidad que establezca el planeamiento».

Pendiente de autorización

Es decir, que la propiedad del edificio del número 53 de la calle Rosalía podría vestirse por fin tras años luciendo esqueleto siempre que se llegue a ese porcentaje. En todo caso, el Concello, preguntado por este periódico, informó que el proyecto está pendiente de autorización. Luisa Sánchez trasladó la duda al Consello de la Xerencia de Urbanismo el pasado 10 de febrero. El grupo municipal popular quería saber por qué este organismo no actúa mediante ejecución subsidiaria para demoler el edificio.

La portavoz del PP, también vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP de Vigo, destacó en su pregunta que hay una resolución del 28 de febrero de 2019 que ordena su derribo y recordó que la propiedad ha planteado recursos de reposición a la imposición de multas coercitivas por parte del Concello que «lo único que hacen es retrasar el proceso». El edificio llama la atención por su altura y su estado de abandono: rompe por completo la estética de esta céntrica zona de Vigo, una de las más caras para vivir.

El edificio se levanta en el número 53 de la calle Rosalía de Castro.

El edificio se levanta en el número 53 de la calle Rosalía de Castro, al lado de un colegio. / Marta G. Brea

Los informes técnicos concluyeron en su momento que la obra era ilegalizable: se incumplen las alineaciones, cuenta con más alturas de las permitidas y su licencia de obra está caducada. El Ayuntamiento advirtió que procedería a la ejecución forzosa de la demolición a cuenta del interesado o a la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros mensuales. A mediados de 2022, se reiteró la solicitud de derribo, pero la propiedad, Construcciones Grial, recurrió y llevó la cuestión a los juzgados.

Sentencia judicial

En una sentencia reciente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo avaló la segunda multa coercitiva de 2.000 euros impuesta por el Concello de Vigo a la propietaria del edificio. La sanción busca forzar la ejecución de medidas urgentes de seguridad tras los desprendimientos registrados hacia el patio del colegio colindante -el Niño Jesús de Praga-, un episodio que ya había obligado al Ayuntamiento a dictar una orden de ejecución en octubre del año 2024.

La sentencia concluye que la empresa no cumplió de forma íntegra ni dentro del plazo las actuaciones exigidas por Urbanismo, pese a que la resolución municipal detallaba con precisión las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad del edificio y la protección del entorno escolar.

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