Vuelven a aplazar el juicio en Vigo a la red de narcolanchas por otro contratiempo del mismo abogado: esta vez no llegaba a tiempo

Primero por un motivo de salud y ahora porque no llegaba a tiempo a los juzgados de Vigo. El juicio contra once personas y una entidad mercantil vinculadas con una presunta red que se dedicaba a la fabricación y transporte de narcolanchas que después eran utilizadas en alijos en Andalucía que se aplazó el pasado lunes ha vuelto a suspenderse hoy a causa de otro contratiempo sufrido por el mismo abogado.

El lunes, la primera fecha fijada para este juicio, un abogado de los acusados alegó sufrir una indisposición, por lo que la vista quedó aplazada para hoy miércoles. Pero esta mañana la vista que tenía previsto iniciarse a las 10.00 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha vuelto a aplazarse a petición del mismo letrado «por imposibilidad de llegar hoy a tiempo al juicio», según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Xuztiza de Galicia (TSXG). Ahora, según estas fuentes, la intención es que se celebre mañana jueves.

La Fiscalía pide para los once procesados un total de 59 años y 6 meses de prisión -las penas se sitúan entre los 2 y los 9 años de cárcel- y 94,8 millones de euros de multa.

El pasado 2 de febrero, en las cuestiones previas de este juicio, los letrados de los acusados solicitaron la inhibición de la justicia española en favor de la legislación portuguesa al argumentar que las embarcaciones se construían en ese país.

De manera subsidiaria, los abogados incidieron en la falta de competencia territorial de la Audiencia Provincial de Pontevedra al considerar que el asunto debería corresponder a la Audiencia Nacional al afectar a distintas provincias españolas.

También demandaron la nulidad de diferentes intervenciones policiales como escuchas o colocación de dispositivos de seguimiento y alegaron vulneración del derecho a la defensa de sus representados y de la tutela judicial efectiva por no haber tenido acceso a algunos documentos hasta los días previos al juicio.

Sin embargo, nada de esto fue atendido por el tribunal, que solo aceptó la pretensión de los abogados de que sus clientes declaren en último lugar, tras la práctica del resto de la prueba.

La Fiscalía considera que los once acusados -entre ellas una mujer- y una entidad mercantil formaron parte de una estructura empresarial que de septiembre de 2020 a junio de 2022 se dedicó a la fabricación, equipamiento y transporte de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.+

Dispositivos de seguimiento

Según la Fiscalía, estas lanchas tenían como destino final el tráfico de sustancias estupefacientes en las costas andaluzas, tal y como se demostró a través de los dispositivos de seguimiento.

Los dos líderes acusados, Ramón S.V. y Sergio R.T., eran, presuntamente, quienes financiaban la actividad y controlaban naves industriales tanto en Vigo como en distintas localidades de Portugal. Otros acusados construían físicamente las lanchas y uno llevaba la contabilidad.

El grupo utilizaba empresas de transporte como GranxaTrans Porriño SL -acusada-, para trasladar las lanchas ocultas en camiones y remolques hacia puntos estratégicos en Toledo, Tarragona, Almería y Huelva.

Para cada uno de los dos líderes, la Fiscalía reclama siete años de prisión y una multa de 17,5 millones de euros.

Además, solicita la confiscación de todas las lanchas incautadas (algunas tasadas en más de 200.000 euros), motores, vehículos de lujo, armas y dinero en efectivo.

La investigación se apoyó en la geolocalización de miembros del grupo a través de dispositivos instalados en lanchas en construcción para seguir su rastro desde Vigo hasta Portugal y finalmente hasta alijos de droga en Huelva y Almería.