Compartir habitación con tus hijos, el principio precario de la migración

Estela tiene dos hijos y vive con ellos en la habitación de un piso que comparte con otras personas. Paga 600 euros solo por su parte de la casa y cobra 900 en la hostelería. Con el resto hace una ingeniería para hacer frente a gastos y alimentación, cada vez más cara.

Mayhreth también tiene una hija, adolescente, con la que se reparte un habitáculo en otro inmueble compartido con migrantes. Trabaja tapizando asientos, aunque en Venezuela, de donde vino hace cuatro años, era periodista.

Ambas recuerdan sus antiguas casas. La primera en Perú, de tres plantas y para toda la familia. La otra en el país vinotinto, también unifamiliar. Era parecido a lo que pueden vivir hoy aquellos que no están afectados por la crisis de la vivienda en España. Sin embargo, ambas dejaron sus hogares por necesidad. Su día a día se tornó violento. Estela cuenta como en la calle en la que jugaban sus hijos se empezaron a generar tiroteos por las mafias, llegando incluso a haber víctimas mortales. Mayhreth estaba siendo perseguida por su profesión, por no ser fiable para el régimen y no se libró ni cambiándose de ciudad.

Si la crisis habitacional es dura para los nacidos en España, cuando tienes que empezar de cero, se complica todavía más. No solo por la precariedad, sino porque los propietarios que aceptan migrantes son escasos. «Como no tenía un trabajo indefinido no cumplía los requisitos para que me alquilasen. Tuve que recurrir, como muchos otros, a no aparecer en el contrato. Eso hacía que no pudiese solicitar tampoco otras ayudas», cuenta Mayhreth.

La urgencia de un techo sombrea, pero no desplaza, otros problemas relacionados. Sus hijos viviendo en la adolescencia un cambio abrupto de cultura y no se integraron con facilidad en los colegios. Uno de ellos incluso tuvo que lidiar con acoso por su nacionalidad.

Y, con todo, ambas son casos «de éxito». Tienen permisos de trabajo con los que pueden ser independientes, algo para lo que muchos tienen que esperar hasta dos años. El dinero está muy contado y, pese a poder pagar una habitación, se encuentran con fianzas de dos meses o estancias sin amueblar las circunstancias se complican.

En sus inicios contactaron con Provivienda, una organización que ayuda a encontrar casa a personas en riesgo. Migrantes, pero también mayores sin recursos, familias monoparentales o personas con adicciones y trastornos de salud mental. Ana Pardo, la jefa en Galicia, explica que para muchos extranjeros la forma más viable de venir y tener unas coberturas mínimas es a través de la figura de protección internacional, como solicitantes de asilo. Para que se les considere tal administrativamente debe demostrarse que sus vidas corrían peligro en sus países de origen. «Con esa condición de solicitante es más sencillo acceder a puestos de trabajo, pero si después te lo deniegan te quedas sin nada», cuenta Estela.

Pardo cuenta que en Provivienda hacen de intermediarios con los caseros para que quieran alquilar. Se lo piensan dos veces porque, según dicen, hay prejuicios y estigma. Ellos se ofrecen a funcionar como aval, cubren un seguro de impagos y se hacen cargo de posibles destrozos. Hay alrededor de 60 personas con las que negocian al año para facilitar habitaciones a los extranjeros. Tanto ella como Mayhreth creen que la solución pasa por ofertar más vivienda social desde las administraciones, pero teniendo en cuenta a la población a proteger y no excluyéndola del proceso. «Las políticas deben ir encaminadas a dar una respuesta transversal a quienes cumplen criterios de vulnerabilidad. Pero al final se siguen haciendo solo escuchando a los que están más en el mercado inmobiliario», indica Pardo.

El acecho de la extrema derecha

El discurso de la extrema derecha está ganando espacio en el debate público, influyendo en la concepción del migrante. Y, como pasa en Estados Unidos, empieza incluso a calar también entre los propios extranjeros, incluidos jóvenes y adolescentes. Así lo advierten Ana Pardo y Mayhreth, que detectan una normalización creciente de mensajes excluyentes.

«En Galicia tenemos la gran suerte de que todavía no hay representación parlamentaria de partidos de ultraderecha, pero el discurso del odio sí se percibe cada vez más a nivel de ciudadanía y de calle», señala la trabajadora social. «Muchas veces la población migrante lo repite desde un concepto entendido de seguridad. Se lanza un mensaje que vende aunque vaya en contra tuya», apunta la venezolana.

De hecho, puede confirmarlo desde su experiencia personal: «He escuchado de muchos compatriotas que dicen: ‘No, es que con la izquierda nada’. Son mensajes muy radicales que repiten sin base». Le preocupa especialmente el impacto en los más jóvenes: «Mi hija tiene 16 años y a su alrededor hablan con ligereza de que la ultraderecha es lo mejor… básicamente repitiendo un discurso que ni es profundo ni entienden».

Suscríbete para seguir leyendo