Cáritas alerta de que la exclusión social entre la población migrante en Galicia es cinco veces superior a la del resto de la ciudadanía

La población migrante se sitúa en el epicentro de la exclusión social en Galicia. Así lo advirtió Cáritas Diocesana de Tui-Vigo a partir de los datos del último Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Galicia 2025, que constatan que la tasa entre las personas extranjeras es 5,5 veces superior a la de la población con nacionalidad española.

La responsable de Acción Social de la entidad, Bibiana Vilariño, abordó esta realidad en un debate celebrado en TeleVigo, donde defendió la necesidad de una regularización extraordinaria como una medida imprescindible para «garantizar derechos y visibilizar a personas que ya conviven con nosotros».

Vilariño vinculó la situación que se atiende a diario desde Cáritas con las cifras que recoge el informe, que dibuja una radiografía especialmente dura para la población de origen extranjero. En Galicia, el 51% de las personas migrantes se encuentra en situación de exclusión social.

En el caso concreto de Cáritas Tui-Vigo, alrededor del 80% de las personas que acuden a la entidad son migrantes. Para la responsable de Acción Social, uno de los principales factores que alimentan esta vulnerabilidad es la falta de documentación, que condena a muchas personas a la invisibilidad administrativa.

«La situación irregular impide acceder a ayudas regladas, a derechos básicos y a un empleo normalizado», advirtió, subrayando que esta barrera mantiene a miles de personas atrapadas en circuitos de precariedad.

La vivienda, el gran cuello de botella

El acceso a la vivienda fue uno de los ejes centrales del debate y aparece también como uno de los principales factores de exclusión en el informe FOESSA. Según los datos, la vivienda es la dimensión en la que más ha crecido la exclusión social en Galicia y ya afecta al 26,1% de la población.

Vilariño alertó de que, en muchos casos, el coste «supone más de la mitad de los ingresos de una persona», una carga que resulta inasumible para quienes encadenan empleos precarios o se ven obligados a trabajar en la economía sumergida.

Empleo precario y perfiles cualificados

Durante el encuentro también se puso de manifiesto la precariedad laboral. Soraya Mendoza, de la asociación ACuidarteTH, denunció la situación de muchas trabajadoras del hogar, algunas con alta cualificación profesional —como médicas o abogadas— que trabajan sin contrato y que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, acaban viviendo en el propio domicilio de las personas empleadoras.

Por su parte, Rubén Torres, de Provivienda, quiso desmontar algunos de los discursos más extendidos sobre la migración y recordó que las personas migrantes aportan en torno al 10% al sistema social en España, mientras que únicamente consumen el 1% de los recursos.

Desde Accem, Ariadna Navarro defendió que una regularización extraordinaria tendría un impacto positivo en el conjunto de la sociedad, al reducir la economía sumergida y facilitar el acceso a la protección internacional de las personas que huyen de conflictos o persecuciones.

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