El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana

Los alcaldes de cinco municipios del Minho —Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Barcelos y Viana do Castelo— avanzan hacia la creación de la tercera Área metropolitana del país. La iniciativa se encuentra en fase inicial: acordaron encargar un estudio técnico que determine la viabilidad de esta estructura administrativa, que permitiría coordinar servicios, transporte y planificación territorial de manera conjunta.

Actualmente, estos municipios ya colaboran en la Associação de Municípios Pentágono Urbano, que sirve como marco de cooperación en movilidad, innovación y desarrollo económico. La propuesta de crear un Área metropolitana formal surge de la constatación de que una coordinación más estructurada puede atraer inversiones y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

En contraste, el Área metropolitana de Vigo permanece paralizada desde hace años. En 2020, el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre su intento de constitución y bloqueó su configuración administrativa, dejando el proyecto estancado. Desde entonces, la idea de unir a Vigo con municipios cercanos bajo una misma Área metropolitana no ha avanzado; mientras, los municipios del norte luso dan pasos al frente para cooperar.

La diferencia es llamativa: mientras la iniciativa no supera obstáculos legales y administrativos en Vigo, en el norte de Portugal, los ayuntamientos ya trabajan en una hoja de ruta para formalizar el pacto. La creación de un Área metropolitana permitiría a los municipios coordinar políticas públicas, urbanismo, transporte y promoción económica de manera conjunta, una herramienta que Vigo aún no ha conseguido implementar.

Sentencia judicial

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo dictó sentencia en septiembre de 2020 para anular la puesta en funcionamiento del Área metropolitana de Vigo, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la Xunta contra las actuaciones administrativas relativas a la constitución de este ente supramunicipal, por no estar integrada la ciudad olívica en el Plan de Transporte Metropolitano impulsado por el gobierno autonómico.

El Área se constituyó en una asamblea que se celebró el 1 de diciembre de 2016. La sentencia estableció que fue «válidamente constituida» y, tras señalar que el alcalde de Salvaterra no estaba facultado para suspender la sesión (algo que solo podría hacer si no hubiera quorum), el juez determinó que la elección de Abel Caballero como presidente del Área metropolitana había sido «ajustada al ordenamiento jurídico».

No obstante, el magistrado declaró inválidos los actos posteriores para la puesta en funcionamiento del ente, la cual solo puede producirse tras la efectiva integración de Vigo en el plan de transporte metropolitano (como declara la ley del Área Metropolitana). El fallo añadió que «es fundamental subrayar que el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia no existe, ni como disposición administrativa, ni como acto administrativo general».

Legislación

El juez recordó en su resolución que la ley del Área Metropolitana del año 2012 nunca llegó a ponerse en práctica y que fue posteriormente modificada, después de que el Ayuntamiento de Vigo y la concesionaria del bus urbano, Vitrasa, firmasen en julio de 2016 un convenio con la Xunta para la integración de la ciudad en el transporte metropolitano.

Ese convenio implicaba que la empresa de transporte debía realizar las adaptaciones tecnológicas necesarias y aplicar las tarifas pactadas y, en la modificación de la ley del Área, se estableció que el ayuntamiento olívico debía integrarse en ese plan de transporte de forma efectiva, como condición previa a la puesta en marcha del ente supramunicipal.

El magistrado apuntó que, sin esta integración en el plan de transporte, el funcionamiento del Área Metropolitana de Vigo «volvería a ser, como cuatro años antes de la reforma (de la ley), una quimera».

Asimismo, constató que, pese a la firma del convenio de julio de 2016, nunca llegaron a materializarse ni las adaptaciones tecnológicas ni la aplicación de tarifas, por lo que declara inválidos los actos producidos después de la constitución de la asamblea y de la elección del presidente del Área.

En 2018, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló que el Área no podrá operar hasta que Vigo cumpla el requisito legal de integrar sus buses urbanos en el Plan. Caballero lo rechaza por el coste que tendría bonificar a los viajeros de la ciudad y a los del resto del conglomerado. n

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