Tres responsables de un club de alterne aceptan hasta un año de cárcel por no dar de alta a las mujeres en la Seguridad Social
El local, ya cerrado tras un desahucio, estaba en un chalé de Castrelos
Los tres condenados, esta mañana en el banquillo en la Ciudad de la Justicia. / Marta G. Brea
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, retomó este martes el juicio que se suspendió el pasado noviembre contra tres responsables de un club de alterne ubicado en un chalé de Castrelos. En la anterior convocatoria había un principio de acuerdo, pero no se pudo materializar porque la Tesorería General de la Seguridad Social discrepó de las cuantías establecidas en concepto de responsabilidad civil, por lo que la vista se aplazó a esta fecha para concretar dicho extremo.
Finalmente no hubo acuerdo con la Seguridad Social en torno a la indemnización, pero sí se alcanzó en torno al resto de los extremos. D.F.R. se mostró conforme con una pena de un año de cárcel, J.P.M.G. lo hizo con seis meses y A.E.F., al que se considera cómplice, con cinco meses de prisión, además de penas de multa para cada uno de ellos. Para la empresa que gestionaba el club Hot, Sociedad Hostelería Castrelos, se pide su suspensión de actividad por cinco años, si bien la mercantil ya está extinta, por lo que esta medida ya no tendría efectos prácticos. Los acusados estaban de alquiler en el chalé donde realizaban esta actividad y dejaron el mismo tras un acuerdo de desahucio.
La causa se sigue por delito contra los derechos de los trabajadores contra dos socios y un encargado del club por tener empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercían la prostitución sin tenerlas dadas de alta en la Seguridad Social. La irregularidad se descubrió en dos visitas conjuntas realizadas por la Inspección Laboral y la Policía Nacional en febrero y agosto de 2023.
La mayoría de las mujeres que estaban allí eran originarias de Colombia, pero también había mujeres de otras nacionalidades, como españolas, brasileñas o dominicanas.
La cuestión de la responsabilidad civil no es baladí. La Fiscalía solo pide algo más de 1.550 euros al computar únicamente las cuotas de las mujeres de los dos días de las inspecciones. La Seguridad Social solicita 20.554 euros, a lo que se opuso expresamente el Ministerio Público en el juicio de esta mañana, al computar esas cuotas y todas las del período entre febrero y agosto de 2023 en el caso de dos mujeres que fueron indentificadas en ambas visitas policiales.
El juicio quedó visto para sentencia y serán los magistrados los que dictaminen qué responsabilidad civil procede.
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