Consumo, desahucios o los juicios del jurado popular: la reforma judicial impone la especialización

Servicios comunes, áreas, equipos, grupos... El Tribunal de Instancia de Vigo que echó a andar hace un mes impone una organización tan compleja como novedosa. Se acabó eso de que todos se encarguen de todo, filosofía que todavía pervivía en muchos de los antiguos juzgados unipersonales. Uno de los pilares de la reforma judicial es el de la especialización. Algunas de las bases de este principio están claras, como la clara división existente entre la tramitación de los procedimientos y la ejecución posterior de las resoluciones judiciales, que han dado lugar a dos grandes servicios distintos. Pero en cada uno de ellos están formándose grupos de trabajo que, por explicarlo de manera gráfica, van más al detalle judicialmente hablando: entre ellos están el de consumo o el de desahucios en el ámbito civil o el que se encargará de los asuntos más graves, como los sumarios y los casos de jurado popular, en el penal.

Un ejemplo claro de esta especialización está en el Servicio Común de Tramitación, el más dotado de personal al estar integrado por casi 230 efectivos entre letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. Dividido en tres áreas (la penal, la laboral/contencioso-administrativa y la civil), en esta última, más allá de los dos equipos existentes para separar los asuntos civiles ordinarios y mercantiles de los de Familia, habrá grupos más pequeños. Un verdadero galimatías al que ahora se está dando forma.

Monitorios

¿Y cuáles son esos grupos? Uno es el de derecho de consumo. Aquí habrá que tramitar miles y miles de litigios, ya que incluye los monitorios (el procedimiento estrella para reclamar deudas y el más usado por los fondos buitre), los de condiciones generales de contratación y las reclamaciones contra aerolíneas. Un segundo grupo se encargará de desahucios y de pleitos de recuperación posesoria, otro más del resto de procesos declarativos, otro asumirá jurisdicción voluntaria, conciliaciones, exhortos y solicitudes de cooperación jurídica internacional y, finalmente, habrá uno de derecho concursal y mercantil, que absorberá el trabajo del antiguo juzgado de lo Mercantil, donde abundan los concursos de acreedores, de familias y de empresas, así como las causas del «cártel de los coches».

«La especialización siempre es positiva», valora Víctor Rodríguez Sendón, el letrado judicial que dirige el Servicio Común de Tramitación. Pero advierte que lograrla depende en gran medida de las cargas de trabajo. Este profesional explica que hay trabajadores de algunos grupos que también tramitarán en otros y que, al ser una organización «flexible», se podría optar por la «rotación» para no caer en una tediosa rutina. «Está claro que si uno se dedica a dar salida a un tipo de procedimiento, eso redundará en agilidad y eficacia, pero si la litigiosidad es muy alta es complicado cumplir con la especialización», afirma.

También a modo de ejemplo, en el área penal, subdividida en equipos y grupos, habrá uno que se dedique a tramitar los asuntos penales a priori más complejos, los sumarios y los derivados de la Ley del Tribunal de Jurado, que suelen ser homicidios y asesinatos. Otro grupo llevará los procedimientos abreviados (la mayoría) y los juicios rápidos, otro más los delitos leves, habrá uno de violencia de género y, finalmente, los centrados en el enjuiciamiento penal.

Cambios de ubicación

Junto a la conformación de estos grupos, está en marcha la reubicación física de los trabajadores en función de sus competencias en el Tribunal de Instancia y de la nueva organización judicial. Todo un reto en un complejo como la Ciudad de la Justicia, con 18 plantas, y teniendo en cuenta que la Oficina Judicial que da servicio a los casi 50 magistrados de Vigo está formada por 395 personas, entre letrados judiciales y funcionarios.

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