La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés

El Gobierno ha dado luz verde a la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión extraordinaria de procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, tanto para arrendamientos de vivienda como para ciertos supuestos de okupación ilegal. Esta nueva moratoria está ya teniendo efectos en la situación de la vivienda en Vigo. Y es que las empresas de desalojo exprés están recibiendo en los últimos días numerosos encargos de propietarios de Vigo que buscan recuperar sus inmuebles y evitar así el eterno proceso judicial de estos casos. Es decir, prefieren pagar a una empresa para que eche a los inquilinos antes que esperar por un lanzamiento judicial que, en caso de familias vulnerables, al menos hasta el próximo año no se podrá ejecutar.

El precio mínimo del que parten estas empresas para la recuperación de viviendas son 3.000 euros, y defienden su actuación como una «mediación extrajudicial» entre los caseros y los okupas o inquilinos morosos. Es decir, empleados de estas firmas acuden a la vivienda para hablar con las personas a las que hay que desalojar e intentan llegar a un acuerdo con ellas, aunque en muchas ocasiones se ponen violentos y se ven obligados a utilizar la fuerza.

«En Vigo las solicitudes de desalojo exprés están completamente disparadas. También en municipios del entorno como Moaña, Cangas o Redondela. Está creciendo muchísimo el impago de rentas y nos vamos a procesos judiciales, larguísimos y encima con el tema de la del acta de conciliación privada, lo que se denomina la oferta vinculante que hay que hacer antes de iniciar la demanda de desahucio, se agrava todavía más», explica Francisco Fernández, vigués al frente de la empresa Desokupa 24 horas.

Y es que ahora los propietarios tienen la posibilidad de intentar previamente una solución mediante conciliación privada cuando, una vez finalizado el contrato, el inquilino no abandona la vivienda. Únicamente si esta vía no prospera podrá plantear la reclamación ante los tribunales. Esto alarga todavía más el proceso.

La prórroga del Gobierno a la prohibición de los desahucios de familias vulnerables tiene un matiz. Y es que ahora, si el arrendador es propietario de dos o menos viviendas, no se aplicará la suspensión, introduciéndose así una protección específica para pequeños propietarios. En todo caso, las medidas dejan de surtir efecto el 31 de diciembre de 2026, fecha a partir de la cual se reanuda automáticamente el procedimiento.

Durante el periodo de suspensión, las administraciones competentes deberán adoptar de forma prioritaria las medidas habitacionales necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna de la persona en situación de vulnerabilidad, comunicando su aplicación al órgano judicial para el levantamiento de la suspensión.

Una de las últimas actuaciones de Desokupa 24 horas tuvo lugar recientemente en un piso en la avenida Ramón Nieto, donde una mujer adeudaba 5.400 euros a su casero. La empresa consiguió recuperar la vivienda en unos dos meses y ahora está negociando con la inquilina el pago de lo adeudado. En el barrio de A Salgueira, Travesía de Vigo, Balaídos, Navia o García Barbón también han actuado recientemente.

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