El PP desvela que el Concello de Vigo tendrá que indemnizar a la empresa del Servizo de Axuda no Fogar con 1,1 millones

El PP de Vigo cargó este martes contra el gobierno local por lo que califica de una nueva «chapuza» en la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Según los populares, el Concello deberá abonar 1,1 millones de euros a Servisar (grupo DomusVi) en concepto de «daños y perjuicios» por haber mantenido la prestación durante el mes de diciembre sin un contrato en vigor.

El concejal Fernando González Abeijón sostuvo que así lo recoge un informe del interventor municipal, en el que se concluye —según el PP— que el servicio se realizó «al margen del procedimiento legal», al haberse prestado mediante «un contrato verbal» o a través de un acto adoptado prescindiendo del procedimiento establecido. El edil enmarcó lo ocurrido en una dinámica que, a su juicio, no es puntual: «No es un hecho aislado ni un error puntual, sino la consecuencia directa de una mala gestión del gobierno de Caballero».

Los populares explican que el escenario se produjo al finalizar el contrato anterior sin posibilidad de prórroga y quedar en el aire la entrada en vigor del nuevo, al haber sido recurrido ante el Tacgal, lo que obligó —siempre según la formación— a suspenderlo y retrasar su aplicación. En ese contexto, Abeijón subrayó que se trata de un servicio «esencial» por atender a personas mayores y dependientes, por lo que, añadió, no podía interrumpirse. Pero reprochó que la solución debía haberse articulado de otro modo: «El servicio no se podía dejar de prestar, pero la solución tendría que haberse buscado de otra forma, de manera legal, transparente y con control democrático».

En su argumentario, el PP sostiene que el gobierno local optó por permitir que la empresa siguiera prestando el servicio, incrementar el precio del nuevo contrato y, después, tramitar una factura millonaria. Además, Abeijón criticó el cauce elegido para aprobar el pago, al asegurar que la indemnización se abonará mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito y que, conforme a la doctrina del Tribunal de Cuentas, debería haber pasado por el pleno municipal, si bien —añadió— se tramitó en junta de gobierno local, con el objetivo de «evitar el debate político y el control de la oposición».

Responsabilidades

El concejal popular también dirigió sus críticas al área de Contratación, que atribuye a la edil Patricia Rodríguez, y cerró su intervención reclamando al gobierno municipal «más responsabilidad» y menos «propaganda», al advertir de que «acabar pagando las consecuencias con dinero de todos» es, en su opinión, el resultado de una mala gestión.

Situación extraordinaria

La concejala de Política Social del Concello de Vigo, Yolanda Aguiar, salió al paso de las críticas del PP por el pago a la empresa que prestó de forma extraordinaria el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) durante un mes, y defendió que el procedimiento empleado está amparado por la normativa.

En una respuesta a las declaraciones de los populares, que calificaron el pago de «chapuza», la edil aseguró que se trata de una situación «extraordinaria» y atribuyó el origen del problema a la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal) tras un recurso presentado por una de las empresas participantes en la licitación.

Aguiar sostuvo que el Concello actuó dentro de los plazos y que la continuidad del servicio fue imprescindible para garantizar la atención. «Es lamentable el nivel de desconocimiento de la administración y de los procedimientos administrativos de los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo», afirmó, antes de añadir que «muestran su absoluta ignorancia de los procedimientos administrativos».

La edil explicó que el Concello recurrió a la indemnización sustitutiva como fórmula de pago en una prestación que, según su versión, se prolongó por una causa sobrevenida. «La indemnización substitutiva es un método que el propio procedimiento prevé, que la propia norma prevé para el pago de este tipo de situaciones extraordinarias», señaló.

En su relato, el retraso no se debió a una falta de planificación municipal, sino a la paralización del proceso de adjudicación por el Tacgal. «La situación extraordinaria (…) se devino por causas sobrevenidas para esta administración, por un recurso (…) que provocó que el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal), por cierto, órgano dependiente de la Xunta de Galicia, suspendiese cautelarmente el procedimiento de adjudicación», dijo.