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El Concello insiste en que comunicó a la Policía Local la desautorización del «saltamontes»

La edil de Seguridad Patricia Rodríguez Calviño declara como investigada ante la jueza

Las acusaciones particulares solicitan la comparecencia del jefe de la Policía Municipal

La edil de Seguridad y Fiestas Patricia Rodríguez Calviño con su abogado, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.

La edil de Seguridad y Fiestas Patricia Rodríguez Calviño con su abogado, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / Pablo Hernández Gamarra

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Una de las cuestiones nucleares en relación con el accidente del «saltamontes» de las fiestas de Matamá que le costó la vida al joven Iván Castaño Hervella es la de aclarar porque la atracción estaba funcionando con total normalidad pese a que había sido expresamente desautorizada por el Ayuntamiento de Vigo. Este interrogante, de hecho, estuvo muy presente en las comparecencias judiciales celebradas este martes, la de la concejala de Seguridad y Fiestas Patricia Rodríguez Calviño y la del jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento vigués, Antonio V.M., quienes prestaron declaración como investigados e insistieron ante la magistrada que comunicaron dicha prohibición de actividad a la Policía Local. Su postura, que ya habían plasmado en un informe remitido hace meses al tribunal, es que correspondía a los agentes municipales haber actuado para evitar que el «saltamontes» se pusiese en marcha.

La edil, que igual que el jefe de Seguridad y Movilidad solo respondió a las preguntas de la jueza y de la Fiscalía, evitó pronunciarse sobre el contenido de su declaración a su salida de la Ciudad de la Justicia. En respuesta a los periodistas dijo que mostraba «toda su colaboración personal y como representante del Ayuntamiento» para esclarecer los hechos, que hizo las «aclaraciones oportunas» y pidió respeto por el trabajo judicial de cara a que se averigüe todo lo relativo al «lamentable accidente». También debía comparecer A.L.A., el perito que realizó la revisión anual de la atracción meses antes del siniestro, pero no pudo hacerlo por enfermedad.

Antonio V.M., jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Vigo, a la salida de su comparecencia en la Ciudad de la Justicia.

Antonio V.M., jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Vigo, a la salida de su comparecencia en la Ciudad de la Justicia. / FdV

Control de la fiesta y de las atracciones

«Los interrogatorios solo han servido para saber que seguimos sin saber porque no se actuó», valoraba Francisco J. Méndez Senlle, abogado de la joven que iba con el fallecido en la atracción. Esta parte ya avanzó que solicitará la comparecencia del jefe de la Policía Local en el procedimiento. También lo hará Carlos Pérez Parga, letrado que representa a los padres de Iván Castaño. El jurista vigués considera que esta diligencia es «relevante, necesaria y útil» de cara a esclarecer los hechos y la posible concurrencia de responsabilidades penales y concretamente para saber cuál era el «alcance real» del papel de este cuerpo policial en el control de seguridad del evento y de las atracciones.

El informe municipal que desautorizaba el «saltamontes» fue remitido por correo electrónico la noche del jueves 1 de agosto de 2024. El accidente ocurrió la madrugada del sábado 3 de agosto. Uno de los destinatarios fue la Policía Local, que en un informe también remitido al juzgado alegó que a mayores de dicha comunicación no recibieron ninguna orden «expresa» de clausurar la atracción. El abogado de los padres del fallecido afirma que el correo remitido por el Ayuntamiento se envió cuando las fiestas ya se estaban celebrando (el programa de festejos arrancó el martes 30 de julio) y que fue una comunicación ordinaria que no contenía ninguna orden. «Ni siquiera era un correo urgente», argumenta.

Las comparecencias de este martes se producen después de que la jueza, en un auto emitido el pasado 27 de enero, haya acordado prorrogar durante seis meses más el plazo de esta investigación judicial, hasta el 3 de agosto, fecha que coincide con la del segundo aniversario del trágico siniestro.

La oposición pide una comisión de investigación

Tras conocerse que Patricia Rodríguez y el jefe de Seguridad del Ayuntamiento están investigados en este procedimiento, los grupos de la oposición, PP y BNG, reclamaron sus ceses y la apertura de la comisión de investigación.

De hecho, este mismo martes, la concejala y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, afirmó que es «inaceptable» que la edil de Seguridad haya declarado como investigada «sin haber sido cesada» por el alcalde. «Es del todo inasumible que la señora Rodríguez siga siendo a día de hoy la máxima responsable de un departamento que esta siendo cuestionado en los tribunales por su negligente actuación en este trágico suceso, y por tanto no puede permanecer en su puesto ni un minuto más», manifestó Luisa Sánchez.

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