El Puerto de Vigo inicia el rescate de los terrenos de Astilleros San Enrique con aval de la Abogacía del Estado

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo validó este viernes el expediente de extinción de la concesión de Astilleros San Enrique, formalizada en abril de 2022, por haber incurrido la empresa en causas de caducidad previstas en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El respaldo fue unánime.

El equipo que dirige Carlos Botana presentó informes internos que avalan el procedimiento, además de un análisis favorable de Abogacía del Estado y un dictamen, también positivo, del Consejo de Estado (preceptivo). Este último órgano, ahora bajo la presidencia de Carmen Calvo, evaluó la documentación en su reunión del 11 de diciembre. Sus conclusiones, según indicaron desde Praza da Estrela, ratifican que, «sin ningún tipo de duda, procede caducar la concesión».

La empresa, filial de Marina Meridional y hermana de Nuevo Astillero de Huelva, tendrá un mes para formular recurso de reposición, pero el camino hacia la reversión de los terrenos concesionados —18.093 metros cuadrados, con lámina de agua adicional— ya ha empezado.

San Enrique, que había solicitado al Puerto «flexibilidad» para cumplir todos los compromisos adquiridos en su día, formulará previsiblemente un contencioso-administrativo. La normativa vigente explicita como causas de caducidad la «no iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas, durante el plazo que se fije en las condiciones» y el «incumplimiento» de otros compromisos.

En lo relativo al primer punto, el astillero obtuvo una prórroga de un año, que remató en mayo de 2025, para cumplimentar las inversiones prometidas; en el segundo, los pliegos determinaban textualmente que «el volumen de negocio anual, a partir del año 2023, no podrá ser inferior a la cifra de 10.000.000 euros». También existía el compromiso de integrar en plantilla a 28 personas. Es en base a estos tres pilares que la Autoridad Portuaria ha procedido a aplicar el artículo 98 de la Ley de Puertos del Estado.

El máximo responsable de la división de Industria de CC OO de Vigo, Celso Carnero, ha respaldado la decisión. «Entendemos que era necesario dado que ha incumplido en todo momento el proyecto que tenía y la previsión que tenía de carga de trabajo, facturación y empleo. Es lo lógico y normal». A su juicio, San Enrique «no fabrica nada» y aboga por que «esos terrenos, que son públicos, vuelvan a al puerto». Consumado este proceso, continúa, Carnero defiende la necesidad de lanzar una nueva concesión «que intentaremos que sea realmente de construcción naval, a ser posible».

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